Sánchez pide reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

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    MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

   El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los grupos reformar este semestre la vigente Ley de Secretos de 1968, pero no ha aclarado si, mientras eso ocurre, va a desclasificar documentos más antiguos incluso que los de la intentona golpista de 1981 que el Gobierno ha liberado este martes.

   En la sesión de control en el Pleno del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recordado que se mantienen clasificados como secretos los documentos relativos a episodios como los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, una represión policial que acabó con cinco sindicalistas muertos; las cargas policiales en los Sanfermines de 1978; el caso (Mikel) Zabalza, un hombre que murió bajo tortura en 1985; los episodios de 'guerra sucia' del Batallón Vasco Español en la Transición y los del GAL que sucedieron en los años del Gobierno socialista de Felipe González.

   Aizpurua ha argumentado que, al desclasificar los papeles del 23F, el Gobierno de coalición ha demostrado que, si hay voluntad, el Consejo de Ministros puede levantar el secreto que pesa sobre otros documentos, algunos incluso más antiguos, sin esperar a que se reforme la Ley de Secretos que rige desde el franquismo.

SI QUIEREN, PUEDEN, COMO HAN HECHO CON EL 23F

   "Usted dijo que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos --ha dicho--. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad".

   Pero Sánchez no ha aclarado qué hará con esos documentos y se ha remitido al proyecto de Ley de Información Clasificada que el Gobierno aprobó en julio del año pasado y que está bloqueado en el Congreso por falta de mayoría. Y es que formaciones como el PNV o Bildu la ven insuficiente porque, como ha dicho Aizpurua, hay que reformar la ley de 1968, pero "no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más".

   Según el jefe del Ejecutivo, el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Presidencia serviría para derogar la vigente ley preconstitucional estableciendo "un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión" y situaría a España "al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales". Por ello ha animado a los grupos parlamentarios a aprovechar este periodo de sesiones que acaba en junio para culminar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

"UN GRAN DÍA" 

    Por último, el presidente ha celebrado la desclasificación de los documentos del 23F que ha aprobado su Gobierno, subrayando la que es "un gran día para democracia" y que con ello se salda "una deuda no solamente con los investigadores que quieren arrojar luz sobre hitos de la historia de nuestro país, sino también con el conjunto de la ciudadanía".

    En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso, asegurando que la publicación de estos documentos de la intentona golpista de 1981 permite "saldar una deuda con la democracia, con la memoria, con la transparencia".

   "Hoy los ciudadanos españoles podrán conocer toda la democracia que tiene el Estado, que custodia sobre el 23-F, que curiosamente fue un golpe de Estado que trató de acabar con la democracia y que acabó consolidando en nuestro país un sistema democrático", opina.

   Según ha remarcado, la vigente ley de secretos de 1948 no obligaba al Gobierno a publicar estos documentos, pues permite que los secretos puedan ser "para siempre", y por eso ha insistido en que su "prioridad" es que el Parlamento apruebe su Ley de Información Clasificada para tratar a los ciudadanos como "mayores de edad".

    A partir de ahí, con el resto de asuntos, por supuesto, lo que es prioridad para el Gobierno es aprobar la nueva ley de información clasificada, una ley democrática, europea, con estándares occidentales, al hilo y en línea con todas las legislaciones de todos los países de nuestro entorno, y aplicaremos esa ley cuando esté en vigor.