MADRID 15 Oct. (OTR/PRESS) -
El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión del censo electoral en lo que se refiere al voto de los nietos de los españoles exiliados porque no hay certeza de su arraigo y porque todo indica que se hizo no con base en la Ley de Nietos, sino en una instrucción intrusa del Ministerio de Justicia que abre puertas que no abría la ley. Y, además, no parece que el Tribunal Constitucional -'la última casa de misericordia' (para otros, de vasallaje) de Pedro Sánchez- vaya a entrar en la disputa por razones de competencia y de tiempos procesales.
Tampoco yo pondría la mano en el fuego, pero parece que esta vez el TC escuchará más a la calle: un 70 por ciento de los españoles está en contra no de dar la nacionalidad a los nietos (no todos, además, de exiliados por razones políticas o jurídicas), sino de otorgar el derecho al voto a personas que nunca han vivido ni tienen ningún vínculo con España, no conocen los problemas a los que nos enfrentamos cada día los españoles y, sobre todo, pueden otorgar escaños en disputa a un partido o a otro por razones de 'agradecimiento' a quien no solo les quiere dar ese derecho, sino que, además, los convierte en ciudadanos europeos con todos sus derechos.
Sánchez es un 'innovador político' con máster incluido. Ha cambiado la concordia por el guerracivilismo; ha transformado el Parlamento en un espacio televisivo de tertulianos; ha demostrado que es posible gobernar sin él y sin Presupuestos en toda una legislatura; ha convertido los decretos leyes -constitucionales solo en caso de urgencia clara- en un instrumento para evitar el debate y el control, y ha convertido al PSOE en su finca particular, por no hacer interminable la lista de 'innovaciones'. La penúltima, la Ley de Nietos.
Pero fíjense que hasta el presidente del Tribunal Constitucional tiene días en los que no está de acuerdo con el presidente del Gobierno. Cándido Conde-Pumpido, cuyo mandato, por cierto, caducó hace cuatro meses, ha declarado a El País que "no existe lawfare", sino una judicialización de la política en España. Pero lo más importante que ha dicho es que "quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución, cuestiona la democracia. Ningún miembro de un poder del Estado debería descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal".
Habría que aclarar qué se entiende por 'cuestionar', porque la crítica siempre es legítima. Pero si alguien ha descalificado o cuestionado las decisiones de los tribunales, especialmente del Supremo, ese ha sido el Gobierno, encabezado por su presidente. ¿Reconoce Conde-Pumpido que el Gobierno está cuestionando la democracia?
Pero a lo que iba: ¿dejamos votar a todos los nietos? ¿Se atrevería el Gobierno de Sánchez a dar el voto en las autonómicas y municipales a los vascos, incluidos sus hijos y nietos, que fueron obligados a abandonar su tierra por las amenazas de los asesinos de ETA y tuvieron que rehacer su vida fuera de las fronteras que fijaron los terroristas por la fuerza de las armas y la complicidad de gran parte de la sociedad vasca? ¿Apoyaría eso no ya el PSOE y sus socios de Gobierno, sino EH Bildu, el socio imprescindible de Sánchez? ¿Lo apoyaría el PNV?
Porque hoy, muchos de esos 200.000 o 300.000 vascos condenados al exilio y sus hijos y nietos tienen derecho a votar y, sin duda, cambiarían el resultado de las urnas. Hoy, todavía, hay muchas víctimas y familiares que, aun viviendo en el País Vasco, no pueden ir a determinados pueblos dominados por los herederos de ETA por donde, sin embargo, se pasean y son homenajeados públicamente sus asesinos, la mayoría de los cuales han sido excarcelados por una consejera socialista del Gobierno vasco, con la anuencia de ese Gobierno del PNV y el silencio cómplice del PSOE. Libertad a cambio de votos.
Si en las próximas elecciones Bildu, que hoy tiene el apoyo explícito del PSOE, gana las autonómicas, el futuro de la libertad en ese territorio de España corre tanto peligro como Ceuta y Melilla. ¿Les reconocería este Gobierno el derecho al voto a los vascos que fueron expulsados por la extorsión y el miedo, al igual que a sus hijos y nietos? ¿Tienen menos derechos que los nietos de los españoles que se exiliaron a otros países tras el final de la guerra?
