Citan como investigado a exalcalde de Carboneras (Almería) por compra de contenedores "que no se entregaron"

 

Citan como investigado a exalcalde de Carboneras (Almería) por compra de contenedores "que no se entregaron"

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Publicado 08/04/2017 10:14:33CET

ALMERÍA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 2 de Vera (Almería) ha citado a declarar en calidad de investigado al exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE), tras abrir causa penal a raíz de la denuncia del Ayuntamiento carbonero en la que se indica que, bajo su mandato, se abonó presuntamente a la mercantil Cespa 175.000 euros en concepto de suministro de contenedores "cuando consta que nunca se entregaron ni se suministraron por parte de esta empresa" sino que lo hizo el Consorcio de Residuos del Sector II.

La denuncia señalaba, asimismo, que Fernández habría acordado, con los miembros de la junta de gobierno local, solicitar a la Junta andaluza una subvención que recibió por importe de 73.863 para la compra, primero de contenedores soterrados, después de carga lateral, "sin que conste expediente de contratación alguno, solo tres ofertas para suministro de contenedores con registro de entrada todas en la misma fecha, lo que infringe la Ley de Contratos del Sector Público".

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que Fernández deberá comparecer en calidad de investigado en junio ante la jueza instructora, al igual que el representante de la mercantil Cespa, A.L.S. Asimismo, ha citado en calidad de testigos al secretario del Ayuntamiento carbonero y al gerente del Consorcio de Residuos al tiempo que ha remitido sendos oficios a Junta y Ayuntamiento para solicitar el expediente íntegro de la subvención para el desarrollo del programa de sostenibilidad ambiental urbana 'Ciudad 21'.

La denuncia apunta que Fernández acordó solicitar una subvención "para una finalidad imposible de cumplir" ya que no tenía competencias para la compra de los 153 contenedores y que habría "ocultado" a la Junta "esta circunstancia". Así, el Consistorio ingresó en febrero de 2008 el importe de la subvención por valor de 73.863 euros destinados a sufragar parcialmente la compra de los contenedores.

Añade que la mercantil Cespa emitió dos facturas por importe total de 175.000 euros por este concepto "cuando al Ayuntamiento le consta que nunca se entregaron o suministraron por Cespa, que era consciente de quien era competente, sino por el Consorcio del Sector II". Estas habrían sido emitidas entre noviembre y diciembre de 2009 "sin que conste albarán de entrega ni suministro alguno", si bien el documento rubricado hace constar que la entrega se haría efectiva "durante el año 2010 a partir de febrero según disponibilidad de la fábrica".

Señala en su denuncia de 128 páginas el Ayuntamiento que la emisión de estas facturas por suministro de contenedores de carga lateral "supuestamente falsas" supuso un "perjuicio muy grave" a la Hacienda Local y sugiere que "podría tratarse de una trama para delinquir".

Al hilo de esto, concluye que tanto el exalcalde socialista como el representante de Cespa "tenían que ponerse de acuerdo indudablemente en la emisión de las facturas de los contenedores" que, según remarca, "nunca fueron suministrados", ya que ambos "tenían conocimiento fehaciente de que dichos contenedores serían suministrados por el consorcio sin coste alguno para el Ayuntamiento", por lo que apunta a la posible existencia de indicios de "criminalidad organizada" para la obtención de un "lucro ilícito".

La denuncia asegura que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación por parte de Fernández ya que era "conocedor de que el Ayuntamiento no podía adquirir dicho suministro por tenerlo delegado en una entidad supramunicipal" y de otro supuesto delito de malversación de caudales públicos "por haber consentido presuntamente que se emitieran y aceptaran las facturas para fines distintos y sin el correspondiente procedimiento, causando un grave perjuicio económico a la administración municipal que tiene la obligación de hacer frente a dichos pagos".

Destaca que los hechos relatados podrían encuadrarse, asimismo, en un supuesto delito de tráfico de influencias por parte de A.L.S. "por haber ordenado y colaborado presuntamente en la emisión de las facturas sin que se hubiera producido la entrega de los contenedores".

El Ayuntamiento ha aportado en su denuncia, entre otra documentación, la certificación por la Secretaría del Consorcio que "acredita que los contenedores suministrados e instalados en el término municipal de carboneras fueron adquiridos por el citado Consorcio por acuerdo de la junta general de fecha 18 de diciembre de 2008".

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