Distintos abogados presentan quejas al Defensor del Pueblo Andaluz por "abusos de poder" en Extranjería

   Un conjunto de abogados de Huelva, expecialistas en materia de extranjería, han presentado sus quejas al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, por el "mal funcionamiento" de la Oficina de Extranjería, ubicada en la capital, que, según este colectivo, está ejerciendo "abusos de poder".  

   Según indicó el colectivo en una nota, esta oficina "nunca ha funcionado bien y, desde hace uno o dos años, se están produciendo una serie de atropellos a los extranjeros que constituyen verdaderos abusos de poder de la Administración y consisten en la imposición de criterios de organización, exigencias desorbitadas a la hora de presentar documentos y otras muchas cuestiones".

   Este conjunto de abogados consideró que estas presuntas peticiones "se aplican en base a normativas internas, tal y como explica el propio funcionariado, que no tienen ningún fundamento jurídico, y que constituyen un auténtico ataque a los derechos de los extranjeros en España e incluso a su dignidad".

   Estos abogados, que alegaron conocer "de manera bastante profunda la normativa reguladora en este ámbito jurídico" y llevar trabajando con extranjeros una media de cinco y siete años, citó que, por ejemplo, "para presentar un Recurso de Alzada o de Reposición ante el funcionario en dicha oficina de extranjeros, es preciso que esté presente el extranjero con su pasaporte para ser identificado en el momento de presentar el mismo".

   En este sentido, apuntaron que "no existe ninguna norma en la Ley Orgánica o en el Reglamento de extranjería, ni tampoco en la Ley de Procedimiento Administrativo que añada este requisito para la presentación de un recurso en vía administrativa". Además, apuntaron que "no se permite a los abogados, ni aún con un poder especial otorgado ante notario para poder notificarse, ningún tipo de resolución administrativa, ni negativa ni positiva", por lo que tienen que ir los extranjeros personalmente.

   Incluso, según apuntó el colectivo, recientemente, "no se permite al extranjero presentar la documentación para solicitar un arraigo social si no está presente el empresario que firma el contrato de trabajo y se compromete ante el funcionario a garantizar el año de trabajo por el que oferta el empleo que presenta el extranjero", algo que es, según criticó el conjunto de abogados, "una cuestión laboral y de competencia de la Inspección de Trabajo".