IU considera "ponerse una venda en los ojos reducirlo todo a manipulación" y demanda "participación para lograr un debate a fondo"
SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha defendido el decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, tras el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, considerado "constructivo, necesario y válido" y ha lamentado las "burdas campañas de intoxicación" y la "profunda manipulación" por parte de algunos partidos, que pretenden "desestabilizar al Gobierno andaluz", así como las posturas "numantinas" de algunos sindicatos "que van más allá de la defensa de los empleados públicos".
La consejera, que ha comparecido este martes en comisión parlamentaria, ha recordado que el decreto ley ya se encuentra en el Parlamento andaluz tras su aprobación en Consejo de Gobierno, para tramitarse como proyecto de ley, donde Martínez Aguayo espera que haya "un debate sereno y sosegado en sede parlamentaria que contribuirá a eliminar dudas, ante la manipulación que ha existido del decreto".
"Estamos abiertos a escuchar propuestas constructivas y de buena fe" sobre el decreto ley, ha aseverado Martínez Aguayo.
A su juicio, este debate "deslegitimará la burda campaña de intoxicación por parte de posturas extremas y más conservadoras" contra esta norma, de forma que "con luz y taquígrafos todos los partidos y los grupos harán un ejercicio de responsabilidad sin que haya manipulaciones sesgadas". "Cada grupo podrá posicionarse sobre su modelo de sector público, si se opta por la privatización de servicios, como se hace en otras comunidades y en otros países, o se opta por la reordenación, como se hace en Andalucía", ha agregado.
La consejera que ha considerado "incuestionable" esta reforma, necesaria para la consejera ante la existencia de "duplicidades" y otras cuestiones y ha lamentado que "se pretenda desacreditar y atacar lo público desmantelándolo", frente a lo que la Junta "no se ha dejado arrastrar y ha ofrecido todo su esfuerzo y una actitud de diálogo con los empleados públicos, apostando por un mantenimiento del modelo del Estado del Bienestar, con una reordenación sin que se produzcan despidos, mientras que en otras comunidades autónomas se producen ERE".
Ha recordado el acuerdo con organizaciones sindicales CCOO y UGT en el seno del marco representativo de la Mesa General de Función Pública, unos sindicatos que "representan a tres de cada cuatro empleados públicos", de forma que el acuerdo con UGT y CCOO es un acuerdo "absolutamente necesario, constructivo y válido", a pesar de "las acusaciones vertidas por sindicatos minoritarios, que no querían diálogo y con unas posiciones numantinas que van más allá de la defensa de empleados públicos".
La consejera confía en que la tramitación, como proyecto de Ley, del decreto de reordenación del sector público andaluz, permita "despejar dudas y poner de manifiesto el objetivo del Gobierno andaluz", que es "reforzar el modelo público de prestación de servicios a los ciudadanos", con "plenas garantías y derechos para el conjunto de empleados públicos".
Martínez Aguayo ha explicado que esta reordenación es necesaria para culminar la adaptación de los entes instrumentales al marco jurídico establecido en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía y en la legislación básica del Estado (Ley de Contratos y Estatuto Básico del Empleado Público), y para "mejorar la eficiencia" en el funcionamiento del conjunto del sector público.
La consejera ha explicado que esta eficiencia se consigue agrupando servicios comunes, reduciendo gastos corrientes con la unificación de sedes administrativas y amortizando puestos directivos, de forma que "se trata, en definitiva, de eliminar posibles duplicidades y racionalizar la estructura administrativa".
La consecuencia, según Martínez Aguayo, va a ser la supresión de 111 entes instrumentales dependientes de la Comunidad Autónoma y un ahorro económico estimado para el periodo 2010-2013 de más de 118 millones de euros.
En su intervención, la consejera justificó la decisión inicial de poner en marcha este proceso mediante la aprobación de medidas legislativas urgentes recordando que el Acuerdo Marco sobre Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 2010-2013, adoptado el 15 de junio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, establecía un plazo de tres meses para que se acometieran los procesos de reordenación de los sectores públicos de las distintas comunidades autónomas.
No obstante, confió en que el nuevo decreto ley, aprobado por el gobierno andaluz el pasado 23 de noviembre y que recoge íntegramente el contenido de las medidas acordadas en julio, así como las modificaciones acordadas en la Mesa General de Negociación del Empleado Público, "pueda debatirse de manera serena y sosegada en el Parlamento andaluz".
Durante su intervención, la consejera reiteró que la reordenación del sector público se llevará a cabo desde "el más escrupuloso respeto al régimen jurídico de la función pública y a los derechos del personal funcionario y laboral".
Insistió también el que el acceso del personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, "sólo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público".
"REDUCIRLO A MANIPULACIÓN ES PONERSE UNA VENDA"
Por su parte, el diputado de IU Pedro Vaquero coincidió con la necesidad de reordenación del sector público, aunque apeló al "necesario consenso y participación de todos los que componen el sector público".
De esta forma, a su juicio, "sería ponerse una venda en los ojos si todo lo redujéramos a manipulación sindical y de partidos, cuando en el caso de los empleados públicos se trata de un colectivo heterogéneo", de forma que "se trata de un colectivo que incluso apenas se ha movilizado cuando le han bajado el sueldo, por lo que si se movilizan, alguna gota habrá colmado un vaso y se ha desatado la caja de los truenos".
"Algo no se ha hecho bien y ha existido discrecionalidad", asevera Vaquero, para el que este debate es una "cuestión de credibilidad", por lo que considera "necesario que al mismo tiempo que se tramite como proyecto de ley no sólo se facilite la participación de los grupos parlamentarios, sino que se haga de tal forma que sea creíble que se ha generado un debate sobre el modelo de función pública".
A su juicio, "mientras no se resuelva, el problema seguirá enquistado", tras lo que ha demandado que "se informe directamente a los empleados públicos para saber quien quiere negociar o no y para ganar aceptaciones de la reforma y evitar desafecciones, que cada vez son más contagiosas", tras lo que ha sugerido que "se nos convoque a los partidos para conseguir debatir a fondo sobre este tema".
Para Vaquero "hay muchas dudas pendientes de resolver y explicar a los empleados públicos, hay que entrar en el fondo de las cuestiones y ser accesible para que el decreto sea constructivo".
