SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario general adjunto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Antonio Moya, ha expresado sus dudas por el uso de la figura del decreto ley al legislar sobre reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, un proceso en el que ha lamentado la "falta de diálogo" con los dirigentes empresariales y donde pide una justificación económica del impacto de dicha reordenación.
Asimismo, demanda el establecimiento de un listado de las agencias empresariales que tengan capacidad para concurrir en el mercado y ejercer una competencia con los prestadores privados (empresas) de servicios.
En su comparecencia en comisión parlamentaria, Moya, quien se ha quejado del escaso tiempo para analizar este decreto ley, ya que "es muy complejo y ha sido el que más trabajo nos ha costado analizar", ha considerado que la figura del decreto ley "debe ser un recurso excepcional y no una norma general".
A su juicio, "tanto recurrir al decreto ley supone un elemento que distorsiona y quiebra una práctica muy consolidada y extendida en Andalucía como era el proyecto de ley, de forma que el consenso que introducía esa tramitación hoy se ha modificado por un procedimiento donde una norma se aprueba y posteriormente se convalida en el Parlamento, sin que el sector afectado pueda conocerlo en detalle".
Por ello, ha expresado sus "dudas razonables" sobre la conveniencia y oportunidad del procedimiento de urgencia empleado y su tramitación como decreto ley", toda vez que este debate "no ha surgido de forma espontánea y era una demanda muy consolidada", tras lo que recordó que ya en 2008 se creó un grupo de trabajo para abordar la agilización de la administración autonómica y agregó que el VII Acuerdo de Concertación Social se incluyen apartados sobre modernización de la administración pública. "Con estos antecedentes, no se trata de un hecho sobrevenido", ha agregado.
Asimismo, ha lamentado que en el documento "no nos consta ninguna memoria económica ni del impacto de un proyecto de ley de esta importancia y queremos conocer el alcance económico de la norma y el ahorro de gasto público que supone esta reordenación para evaluar su impacto".
Moya ha lamentado el hecho de que "pese a que era de interés contar con el mayor diálogo, sólo ha habido éste con UGT y CCOO, algo muy difícil de entender, toda vez que la CEA es una de las tres partes de la Concertación, pero no ha tenido conocimiento de esta reforma salvo de forma somera, con los anuncios públicos de intenciones y ahora con esta tramitación".
"En un tema de importancia como es la reordenación del sector público, era necesario un diálogo precio y nuestra aportación, así como que se visualizara con claridad el impacto laboral y económico que se consigue con esta medida", ha agregado.
En su intervención, Moya ha expresado asimismo algunas preocupaciones e inquietudes que genera el decreto ley de reordenación entre los empresarios, "derivadas de la acción expansiva de la actividad empresarial del sector público", de forma que ha demandado una relación "concreta" de aquellas agencias públicas que tengan "capacidad de concurrir en el mercado y supongan competencia para las empresas prestadoras de servicios".
"Es tal la multiplicidad de normas, agencias y tipologías que sería de interés que comunicaran una relación concreta y precisa que refleje cuáles organismos y agencias van a operar y pueden concurrir en el mercado, algo que actualmente no se aclara en la norma y que nos proporcionaría certeza económica y claridad jurídica", ha aseverado.
Asimismo, ha demandado que "si la reestructuración del sector público se va a acometer bajo los principios de eficacia y eficiencia económicas, reducción de costes, mejora de la productividad y bajo el principio de la descentralización", a su juicio, dicha reestructuración se debería aprovechar "para objetivos más ambiciosos, como potenciar la coordinación entre distintos departamentos de la Junta en materias como el régimen sancionador, entre otros".
CÁMARAS AGRARIAS
Moya ha lamentado que dentro de esta reordenación "no se haya tenido diálogo ni consenso previo en decisiones como la supresión de las cámaras agrarias, algo que debería haber sido consultado con las organizaciones empresariales y debería haber sido objeto de negociación con éstas".
Ha criticado asimismo que determinadas agencias, como la Agencia de Servicios Sociales o la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales "estén adscrita a más de una Consejería, y no a una sola, lo cual puede generar disfunciones y evitar cumplir con el criterio general de simplificación, lo cual es una paradoja".
Asimismo, expresó su temor por que la integración de Egmasa y la Agencia Andaluza del Agua haga retrasar las tramitaciones de expedientes y ha demandando el establecimiento de procedimientos "más ágiles y sencillos".
