Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 01/02/2011 18:36
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, integrado por los ocho colegios provinciales andaluces, ha expresado su "radical apoyo a cuantos compañeros de profesión se encuentran afectados por la reforma del sector público andaluz proyectada por la Junta de Andalucía".
Según ha indicado el Consejo Andaluz en una nota, desde su ámbito competencial "valoramos de forma muy negativa una reforma que aboca inexcusablemente a un deterioro y desnaturalización del ejercicio de las potestades administrativas, relegando al veterinario oficial a una posición carente de objetividad e imparcialidad donde el ciudadano será el principal afectado".
A su juicio, el decreto ley de reordenación del sector público y su posterior reforma "implica la asunción y ejercicio de facultades administrativas por entidades puramente privadas y sometidas casi en exclusiva a las reglas del sector privado, esto es, el mercado".
Por ello, para los veterinarios "en tal contexto resulta de todo punto imposible el ejercicio de potestades de control o garantía de la salud, bienestar o sanidad, tanto animal como humana, en tanto competencias propias de nuestra profesión".
Asimismo, idéntico posicionamiento expone el Consejo Andaluz en relación con la situación actual de "incertidumbre y temor" en la que, a su juicio, a se coloca al funcionario andaluz ante la reforma, "pues se articula con estas normas de forma inmediata una trasformación sustancial de su condición y estatus, en tanto que inexorablemente quedará relegado a personal laboral en ejercicio de funciones públicas, algo incomprensible e inconstitucional, con incuestionables mermas de competencias e independencia".
Frente a esta situación, la organización colegial andaluza postula la defensa y prevalencia de los principios consagrados por la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía, de forma que, según recordó "la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho; y la Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones".
Ante esto, el Consejo Andaluz asegura defender estos principios "hacia los que dirigimos actualmente nuestra actuación institucional, recabando en primer lugar de forma directa las opiniones de las consejerías implicadas, dialogando con las partes implicadas y gestionando cuantas acciones jurídicas podamos ejercitar frente a la reforma proyectada".
Para el Consejo Andaluz de Veterinarios, "en el nuevo contexto que pretende la Junta de Andalucía resulta imposible el ejercicio de potestades de control o garantía de la salud, bienestar o sanidad, en tanto competencias propias de la profesión veterinaria, de manera que se relega al veterinario oficial a una posición carente de objetividad e imparcialidad donde el ciudadano será el principal afectado".