SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha lamentad que la Junta haya alcanzado un preacuerdo para la reordenación del sector público de la Junta con CCOO y UGT, unos sindicatos "que no son representativos", según ha asegurado el presidente coordinador de toda Andalucía, José Manuel Mateos.
En declaraciones a Europa Press, Mateos ha lamentado que este preacuerdo "es una prueba fehaciente de que el partido en el Gobierno ignora al segundo sindicato más representativo de loa funcionarios de la Junta", y ha apuntado que UGT y CCOO "tienen un escaso peso específico en el sector de los funcionarios, siendo el cuarto y quinto por representación, de un total de cinco sindicatos".
Ha criticado asimismo que la Junta "a estas alturas no se ha puesto en contacto todavía con los sindicatos más representativos de la mesa sectorial de negociación y no se ha dignado a llamarnos para ver qué va a pasar con el sector público andaluz".
"La Junta está negociando con centrales sindicales que no tienen representación ninguna en este sector, negocia lo que les da la gana", agregó este portavoz, para el que "cualquier acuerdo que se ha haga al margen de la representatividad no es válido, porque el contenido del decreto ley es inconstitucional, además de conculcar el Estatuto de Autonomía".
Asimismo, ha lamentado que la Junta "se está saltando a la torera las decisiones judiciales sobre los recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del que tenemos sentencias firmes que están siendo ignoradas y no se están acatando".
Para Safja, este decreto ley "sólo beneficia al personal laboral a y los que se van a integrar en la función pública sin un proceso selectivo y sin haber pasado por concursos públicos en igualdad de condiciones".
Asimismo, ha lamentado que este decreto ley "no se ha negociado", por lo que "debe ser retirado y no aplicado, al constituir un fraude de ley, ya que no se ha negociado con la excusa de que era algo urgente". "No hemos podido negociar, por lo que se ha incumplido la Constitución y además no se pueden negociar los derechos fundamentales", ha agregado.
Además, tras lamentar que "la Junta pretende crear una empresa privada y quiere volver al clientelismo y amiguismo del siglo XIX", aseguró que este decreto ley "no sólo afecta a los funcionarios sino a todos los ciudadanos".
