SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) ha presentado varios recursos contenciosos-administrativo contra las resoluciones que aprueban los protocolos de integración del personal en las distintas agencias de la reordenación del sector público andaluz, en unos recursos donde Safja además ha solicitado la suspensión cautelar de dichos protocolos.
En una nota, el sindicato ha recordado que se han efectuado "las mismas acciones legales que este sindicato ha tomado contra los estatutos de las agencias".
Safja considera que las resoluciones impugnadas, "además de ser contrarias a Derecho, proceden de una norma legal que resulta completamente inconstitucional como es la Ley 1/2011 y, al mismo tiempo, incumplen el propio Estatuto Básico del Empleado Público".
Así, apuntan que las funciones que estaban atribuidas a las consejerías que pasen a las agencias "supondrán que el personal funcionario que las desempeñaba deba adscribirse de forma forzosa funcionalmente a aquélla", con lo que, a su juicio, "se vulnera el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución, pues bajo la fórmula de gestión cuasi-pública se halla una configuración de la función pública bajo criterios de Derecho Privado".
Además, lamenta que el funcionario "estará bajo el poder de personal directivo de naturaleza laboral y cuyo nombramiento no responde a criterios de mérito, experiencia, especial cualificación y libre concurrencia, sino de estricta confianza política".
Safja lamenta que "no se especifica qué será de aquéllos funcionarios que no se integren en las nuevas agencias y cuyos puestos de trabajos sean transferidos a las mismas", lo que supone "una total desinformación e indefensión para los funcionarios".
No obstante, lamenta que "al personal laboral de las empresas públicas convertidas en agencias, se les incluye como 'empleados públicos', términos que según el Estatuto Básico del Empleado Público son 'quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales' y clasifican en funcionarios y personal laboral fijo contratado por la Administración, incumpliendo así su propia legislación".
Safja advierte de que "no cesará hasta acabar con una Ley que se salta todo proceso de libre concurrencia en igualdad de condiciones presidido por los principios de igualdad, mérito y capacidad y que deja vía libre al amiguismo y al enchufismo, aún cuando esto conlleva pasar por encima de los derechos de los ciudadanos".
