Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 21/12/2009 10:22
OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CSI-CSIF, Usipa, Corriente Sindical de Izquierdas y el sindicato médico Cemstatse mostraron hoy en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) al proyecto de ley de modificación de la Ley 3/1985 de ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias para la regulación de la carrera profesional.
Los sindicatos comparecieron hoy en la Comisión de Administraciones Públicas de la JGPA para dar cuenta de su parecer sobre el proyecto. El Gobierno del Principado de Asturias ha elaborado este documento con el objetivo de dar cobertura legal a los anticipos a cuenta de los empleados públicos, para extender la carrera profesional a todos los funcionarios, y con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2010.
El secretario de acción sindical de CSI-CSIF, Juan Gavira, señaló que este proyecto está basado en la "discriminación" de un personal público respecto a otro. "Se estaría discriminando a los funcionarios en función del tipo de contrato", señaló. Reclamó la retroactividad del derecho a cobro de los trabajadores que no se adhirieron a un convocatoria declarada nula por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
El representante de Usipa, José Luis Rodríguez, llamó "aberración" al proyecto elaborado por el Gobierno y solicitó a la Cámara el voto en contra. Explicó que la negociación no se ha producido en la Mesa de Administración y Servicios Públicos, sino en la Mesa General "que no es el ámbito".
Usipa, José Luis XXX Usipa sindicato mayoritario de funcionarios. Aberración. Rodríguez habló de "agravio comparativo desorbitado" respecto al personal del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
También se opuso frontalmente al proyecto de ley el representante de Corriente Sindical de Izquierdas, Marco Antonio García, quien señaló que toda esta circunstancia proviene de un "acto electoralista" del Gobierno para las elecciones locales y autonómicas de 2007, cuando se comprometió a trasladar la carrera profesional de Salud al resto de empleados públicos.
"Esto no es una solución, es una chapuza jurídica", explicó Marco Antonio García, quien añadió que, de salir adelante el proyecto, la administración terminará siendo "sumisa" y "politizada" por los sistemas de evaluación. También exigió responsabilidades políticas por las sentencias legales contrarias. El representante de Cemsatse, José Manuel Martín Gutiérrez, rechazó el proyecto y dijo que no está de acuerdo en relación a cómo se realizó la negociación.
UGT Y CCOO, A FAVOR
No obstante, los sindicatos UGT y CCOO mostraron su apoyo al proyecto, al ser los firmantes del acuerdo. El representante de UGT, Luis Ángel Ardura explicó que el documento es "positivo", tanto en materia de "retribución" como para conseguir el objetivo de mejorar los servicios públicos. Comentó que existe un "justo equilibrio" entre los derechos y las responsabilidades de los trabajadores y que se garantiza que los trabajadores que cobraron el anticipo a cuenta desde 2007 no tendrán que devolverlo.
El representante de CCOO, Manuel Álvarez, avaló el proyecto aunque señaló que mantiene algunos puntos discrepantes. Destacó que el documento da cobertura legal a las cantidades ya abonadas y que se da la oportunidad a los funcionarios para apuntarse. "Es primordial la consecución de una ley que de cobertura legal para la carrera", subrayó ante los presentes.
Aunque en estas primeras comparecencias no estaba prevista la fijación de posiciones, el diputado del PP Ramón García Cañal, aprovechó su turno de preguntas para anunciar que su grupo parlamentario no presentará una enmienda a la totalidad porque ello podría suponer la devolución de las cantidades percibidas por los funcionarios que se apuntaron desde 2007. "Una gente que no tiene la culpa", apuntó Cañal, que dejó abierta la posibilidad de presentar