VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha considerado "sensato y oportuno" retrasar "de momento" la negociación del traspaso de las transferencias de Justicia solicitadas por la Junta al Ministerio de Justicia ante las consecuencias económicas de la próxima Reforma del Sistema Judicial que prepara el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
De este modo se ha pronunciado el consejero en una reunión con los integrantes del Pacto de la Justicia para informarles precisamente de las conclusiones obtenidas en el encuentro que mantuvo el pasado 29 de mayo con el ministro de Justicia.
El consejero ha insistido en que esas negociaciones tendrán que esperar, como mínimo, hasta el primer cuatrimestre del próximo año, que será cuando esté aprobada la Ley de Reforma del Sistema Judicial en la que trabaja el Ministerio y que tiene previsto presentar a finales de este año.
De Santiago-Juárez ha insistido en que el aplazamiento "parece sensato y oportuno" ya que la Junta sigue dispuesta a cumplir con el mandato estatutario de asumir las competencias de Justicia pero "no a cualquier precio". Según ha asegurado a través de un comunicado de prensa, "esta reforma de la Justicia puede tener consecuencias económicas que se necesitan valorar".
A su vez, el consejero ha explicado que entregó al ministro personalmente el texto del Pacto de la Justicia firmado por los representantes de los estamentos judiciales de la Comunidad y que le aseguró que la Junta quiere asumir las competencias de la Justicia, aunque "no se podrían soportar si vinieran mal valoradas".
Según ha recordado, en el encuentro mantenido entre el consejero y el ministro trataron el asunto de la futura reforma de la Ley de Demarcación y Planta. De Santiago-Juárez solicitó al Gobierno de la nación que tenga en cuenta el perfil demográfico y territorial en la reorganización del mapa judicial, concepto que no ha valorado el informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial en el que se plantea la desaparición de 25 partidos judiciales de la Comunidad.
El consejero le expresó el "total rechazo" al informe mientras que el ministro se desmarcó del documento del CGPJ, "ya que aseguró que fue un encargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y anunció que el pasado mes de marzo creó un grupo de trabajo para analizar la situación, y se comprometió a tener en cuenta la opinión de la comunidades autónomas".
