Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/06/2010 11:43
La nueva asociación Anprodefa defenderá los derechos de más de 250 familias en España --70 en Catalunya-- que fueron separadas de sus hijos de forma "injustificada" por las administraciones competentes en protección de la infancia.
La entidad, que hace meses que se está gestando, se presenta después de que el Tribunal Supremo condenase a la Generalitat a pagar un millón de euros por separar a unos drogodependientes de su hijo, que fue dado en adopción, sin tener en cuenta la recuperación de la pareja en un centro de desintoxicación.
En declaraciones a Europa Press, el delegado de Anprodefa en Catalunya, Francisco Cárdenas, explicó que hay centenares de familias a quienes separaron de sus hijos --biológicos o en acogida preadoptiva-- para internarlos en centros o transferirlos a otras familias "sin motivos fundados y causando un grave prejuicio".
Señaló que hay "demasiadas" administraciones implicadas en la protección de los menores y que los criterios de actuación de los técnicos están marcados por "un miedo excesivo", por lo que reclamó renovar estructuras y procedimientos "obsoletos" y reducir la burocracia.
Cárdenas lamentó que le "arrebatasen de repente y para siempre" a la niña de tres años y medio que tenía en acogida preadoptiva --paso previo a la adopción-- desde hacía tres años. "La Administración fue inhumana y las familias nos sentimos humilladas y maltratadas", remarcó, y señaló que el proceso judicial para recuperar a la niña es "perverso" por su lentitud.
El delegado catalán de Anprodefa ha solicitado una entrevista con la consellera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, para tratar la cuestión e iniciar una dinámica de colaboración.