BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Colegios de Farmacia de Catalunya prevé problemas de pago de la Conselleria de Salud de la Generalitat a las farmacias en octubre, como consecuencia de las "tensiones de tesorería" que a su juicio desembocarán los estrictos presupuestos del sector, ha explicado a Europa Press la secretaria del Consejo, Pilar Gascón.
Gascón ha descartado "por el momento" plantear una acción reivindicativa como la que este jueves llevan a cabo las farmacias de Castilla-La Mancha para protestar por el impago de la Junta, que les adeuda unos 125 millones de euros.
En Catalunya, la Generalitat, las farmacias y el BBVA llegaron a un acuerdo en julio de 2010 por el que los retrasos del pago de la administración no afectan a las boticas.
De esta forma, la entidad bancaria avanza el dinero a las boticas, y lo cobra --en un 70 por ciento-- a los 25 días con intereses a cargo de la administración catalana, mientras que las farmacias ofrecen algunos descuentos especiales al departamento, ha explicado Gascón.
Con todo, los "presupuestos sanitarios imposibles" aprobados por el Parlament y el aumento de las comisiones e intereses bancarios hacen temer problemas de tesosería que eventualmente es probable que repercutan en los pagos.
El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi De Dalmases, ya auguró este lunes un otoño caliente en el sector sanitario catalán, como han manifestado numerosos gerentes hospitalarios y sindicatos.
Gascón ha lamentado la situación que viven los establecimientos catalanes, especialmente preocupados por el decreto ley que el Gobierno central quiere aprobar el 19 de agosto para apuntalar el cumplimiento del objetivo de déficit, después de que en 2010 ya se aprobara una rebajada del 30 por ciento del precio de los genéricos y una reducción del 7,5 por ciento en el resto de fármacos facturados al sistema sanitario público.
También ha advertido de que una de cada diez farmacias en Catalunya --unas 261-- sufren una situación de viabilidad económica comprometida, ya que sus titulares obtienen un rendimiento neto inferior a los 1.500 euros mensuales.