Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 14/01/2010 12:15
Iniciativa del Poble Valencià (IPV) ha iniciado acciones políticas dirigidas a conseguir "que se clarifique y, en su caso, se plantee la paralización cautelar" de la construcción del centro penitenciario de Siete Aguas (Valencia) tras la admisión a trámite de una querella presentada por la Plataforma Vecinal No a la Cárcel por presuntas irregularidades urbanísticas.
En este sentido, la portavoz de Iniciativa en la comarca de la Hoya de Buñol, Reyes Matamales, destacó en un comunicado que han trasladado "la necesidad de clarificación de informaciones del proyecto del centro penitenciario y, en caso de peligro y perjuicio para la comarca, la posible paralización del proyecto tanto en el Congreso de las Diputados como en las Corts Valencianes, con el objetivo de conseguir que se tengan en cuenta las irregularidades urbanísticas que se llevarán a cabo de construirse esta prisión".
Asimismo, el diputado de IU-ERC-ICV en el Congreso, Joan Herrera, ha planteado la cuestión en el parlamento mediante una serie de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior en las que se advierte "de los riesgos que supone esta instalación".
La parlamentaria de Iniciativa y portavoz adjunta de Compromís en la cámara autonómica Mireia Mollà ha registrado en las Corts Valencianes una batería de preguntas dirigidas al Consell en las que le exige que "muestre su postura y actúe en la problemática de la construcción de este centro penitenciario".
Según Iniciativa, desde el Ministerio del Interior "se ha mostrado la intención de que la construcción de la prisión empiece en el primer trimestre de 2010" y por este motivo, la formación "ha querido trasladar a los dos parlamentos la necesidad de que las administraciones se pronuncien sobre si consideran que una querella admitida a trámite por un presunto delito contra la ordenación del territorio, el patrimonio artístico y el medio ambiente debe hacer replantearse el inicio de las obras".
Mollà destacó que tanto el Ministerio del Interior como la Generalitat Valenciana "son conocedores de que parte de los terrenos en los que se levantará el centro penitenciario Levante II se encuentra incluida una parcela de unos 13.000 metros cuadrados declarados como suelo no urbanizable de protección forestal, así que queremos saber si piensan emprender alguna acción legal, administrativa o judicial al respecto".
"Asimismo, queremos que se nos informe sobre si se han realizado los oportunos estudios de impacto ambiental, si estos informes han dado el visto bueno a la construcción en Siete Aguas de la prisión y qué autoridad administrativa ha dado este visto bueno", manifestó, y añadió que exigen que tanto la administración central como la autonómica "hagan una valoración sobre el supuesto incumplimiento de la legalidad vigente en materia urbanística y protección del medio ambiente en la construcción de este centro penitenciario".