MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno pretende aplazar hasta enero de 2010 la entrada en vigor efectiva de la normativa acústica que fija el Código Técnico de la Edificación (CTE), como piden arquitectos y promotores, pese a la oposición del Ministerio de Medio Ambiente, según informaron en fuentes del sector.
Según el documento básico contra el ruido en vigor desde octubre de 2007, las normas hasta ahora aplicables seguirían vigentes hasta un año después de su aprobación, sin perjuicio de que se pudieran aplicar las nuevas exigencias que contempla, si bien pasado ese plazo, éstas serían obligatorias en todas las construcciones.
El Gabinete de Elena Espinosa manifestó estas discrepancias durante la reunión de la comisión permanente del CTE --celebrada el pasado 10 de octubre e integrada con agentes del sector, comunidades autónomas y Gobierno central--, que debía ratificar el proyecto de Real Decreto que contempla este aplazamiento y que aún está a la espera de aprobación.
La reunión acabó con el compromiso por parte del Ministerio de Vivienda de estudiar una reducción importante de este plazo inicialmente propuesto, ante los argumentos expresados en contra. Desde el Ministerio de Vivienda se señala a día de hoy que la extensión definitiva del aplazamiento se someterá a la comisión para después aprobar el Real Decreto.
Según el proyecto de Real Decreto al que tuvo acceso Europa Press, el aplazamiento se justifica por que "las herramientas de cálculo y las soluciones que contempla el Catálogo de Elementos Constructivos, en su versión actual, no aseguran a día de hoy el cumplimiento riguroso del documento básico de protección frente al ruido, ni estarán en condiciones de hacerlo en un plazo no inferior a un año".
Además, el texto apunta que "la especial conyuntura que atraviesa el sector de la promoción de viviendas tanto pública como privada, aconsejan no aumentar los costes de la construcción de estas viviendas ni la complejidad técnica en la redacción de los proyectos y en su supervisión".
MEDIO AMBIENTE LO VE DIFÍCILMENTE JUSTIFICABLE.
Según el contenido de la comisión permanente del CTE al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio de Vivienda defendió además que, aunque ha cumplido con el desarrollo de las herramientas para la aplicación del documento básico, todo puede mejorarse.
Ahora bien, desde el Ministerio de Medio Ambiente se manifestó que la propuesta remitida por Vivienda es difícilmente justificable. En todo caso, afirmó que se podría entender un aplazamiento si la nueva normativa planteara un nivel de exigencia excesivo o por errores del documento elaborado, pero explicó que no es el caso a tenor de los argumentos de Vivienda, y entendió que las herramientas siempre serán mejorables.
Por ello, Medio Ambiente propuso finalmente no modificar el plazo de entrada en vigor hasta 2010, lo que supondría una dilatación superior a un año desde lo originalmente previsto, y planteó como máximo una prórroga de hasta seis meses.
MÁS OPOSICIONES A VIVIENDA.
Además del Ministerio de Medio Ambiente, otras voces se alzaron en contra de la intención de aplazar la entrada en vigor del documento. Los representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO) replicaron a Vivienda que reconozca que las herramientas desarrolladas por su Ministerio no son suficientemente válidas.
Asimismo, criticó que el Ministerio realice estas afirmaciones después de tener en vigor el documento básico durante casi un año. Por último, CEPCO se alineó con Medio Ambiente al asegurar que los errores que pueda haber se pueden ir subsanando.
Por otra parte, desde las comunidades autónomas, La Rioja indicó que este aplazamiento interfiere a su propios programas de calidad regionales, mientras que los representantes andaluces, en contra de las tesis del Ministerio, aseguraron que las nuevas normativas se introducen con mayor facilidad tiempos de crisis, ya que hay más tiempo de adaptación. Por último, tanto la Asociación de Organismos de Control Técnico, como desde el ámbito sectorial hubo una oposición al aplazamiento.
PROMOTORES Y ARQUITECTOS ESTÁN DE ACUERDO.
Frente a estas opiniones, para los promotores de cooperativas públicas el documento básico contra el ruido tendría que entrar en vigor lo antes posible en beneficio del ciudadano, si bien aluden a que necesitan un plazo para garantizar sus responsabilidades, mientras que desde APCE se pide que los arquitectos aseguren antes la garantía juridica.
Por su parte, el Consejo de Arquitectos Técnicos argumentan que no hay ensayos para verificar el rendimiento acústico mientras se están construyendo las viviendas y critican también la falta de garantías jurídicas para ellos. Con todo, apuestan por un aplazamiento de entre 6 y 9 meses.
