MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha propuesto a la Comisión Nacional de Energía (CNE) distintas medidas que, en conjunto, ahorrarían al sistema eléctrico más de 6.800 millones de euros anuales.
Además, la asociación ha propuesto otras medidas, cuyo impacto económico no está cuantificado, que contribuirían a la competitividad del sistema eléctrico, indicó en un comunicado APPA sobre su respuesta a la consulta pública sobre medidas de ajuste regulatorio del sector eléctrico de la CNE.
APPA cree que la moratoria que ha impuesto el Real Decreto 1/2012 sobre las energías renovables "no contribuirá a solucionar los grandes problemas que asolan al sistema eléctrico", por lo que considera necesaria "una revisión completa y profunda del sistema energético, especialmente en el actual contexto de crisis económica y en el escenario de precios alcistas de los hidrocarburos".
Entre las medidas propuestas por la patronal de renovables se encuentran la aplicación de tasas a la generación nuclear y gran hidráulica en régimen ordinario, que supondría 2.800 millones de euros anuales, así como la regularización y liquidación de los costes de transición a la competencia, tal y como específica la Ley del Sector Eléctrico, que permitiría reducir el déficit tarifario en 970 millones de euros.
APPA también considera que los derechos de emisión, según las estimaciones de la Comisión Europea, reportarían 1.500 millones de euros anuales si se subastaran y señala que la aplicación del Real Decreto 6/2009, que establece que los extracostes de sistemas extrapeninsulares e insulares se trasladen a los Presupuestos, y la inclusión de las ayudas al carbón en los Presupuestos ahorrarían al sistema eléctrico 1.900 millones de euros anuales.
Además, la asociación subraya que sectores como el transporte, el industrial o la climatización, que utilizan hidrocarburos de origen fósil, deben asumir los objetivos europeos en materia de energías renovables.
La patronal de renovables también insta a la CNE a que proponga medidas que supongan una separación efectiva y real de las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.