MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Luis Albentosa considera que el Gobierno no debe aprobar la parte de retribución del real decreto de renovables hasta que no se resuelva una cuestión que define como "la supuesta existencia de una repotenciación fraudulenta y costosa" en la energía fotovoltaica, que podría elevar hasta 1.700 millones en dos años el coste de esta tecnología.
En un voto particular a propósito del informe de la CNE acerca del decreto del Gobierno en el que se recogen varias medidas para contener el coste de las renovables, Albentosa se muestra especialmente crítico con esta cuestión y pide al Ejecutivo que no promulgue el decreto hasta que no se hayan "depurado las responsabilidades".
En 2009, explica, el conjunto de las instalaciones fotovoltaicas superaron de media en un 20% el número de horas con derecho a prima establecido en la legislación. El motivo "evidente", que comparten los técnicos de la CNE, es que este mayor funcionamiento se debe a la repotenciación de las instalaciones, esto es, a instalar paneles nuevos y superar la potencia inscrita en el registro, dice Albentosa.
Para ello, los promotores sustituyen unas placas solares por otras más modernas o añaden a las placas más antiguas otras nuevas y más eficientes. En ambos casos, indica Albentosa, las placas nuevas estarían siendo retribuidas como las antiguas y "provocando un aumento considerable del coste del régimen especial".
"Con supuestos moderados, hay estimaciones de que, en el plazo de dos años, el incremento del coste así generado superaría los 1.700 millones de euros", asegura.
OTROS VOTOS PARTICULARES.
El informe sobre el decreto del Gobierno generó controversia en la CNE, hasta el punto de que otros tres consejeros aparte de Albentosa, incluida la presidenta del organismo, María Teresa Costa, han emitido votos particulares para matizar su posición y para proponer medidas o puntos de vista no reflejados finalmente. Todos ellos son especialmente críticos con la fotovoltaica.
La presidenta de la CNE considera que la intención del Gobierno de recortar el número de horas en las que las energías renovables pueden cobrar la prima tiene base jurídica suficiente. Costa muestra su apoyo expreso a la reducción de horas con derecho a prima como medida para lograr "niveles de rentabilidad razonable" y "generar ahorros económicos para los consumidores".
Uno de los argumentos en contra de esta medida es que vulnera la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima. Sin embargo, Costa dice que tanto la CNE como el Tribunal Supremo entienden que estos principios "no constituyen obstáculos insalvables a la innovación del ordenamiento jurídico ni pueden ser utilizados como instrumentos petrificadores del marco jurídico vigente en un momento dado".
'FIRST SERVE'.
Por otro lado, el consejero Sebastián Ruscalleda asegura que, para la asignación de las primas, hay que tener en cuenta los objetivos y a continuación escoger los mejores proyectos, en vez de haber utilizado un mecanismo de 'first come, first serve' (el primero que llega es el primero en ser servido), que en el caso de la fotovoltaica ha conducido a que se haya superado "hasta extremos increíbles" la potencia total de instalaciones con derecho a subvención.
Por su parte, Jaime González propone una innovación regulatoria para la fotovoltaica basada en horas con derecho a prima y en zonas solares que, según dice, podría ahorrar 370 millones al consumidor, sobre una retribución media de 2.400 millones de euros.
