El ministro se compromete a facilitar el crédito a fotovoltaicos con problemas y a reanudar el diálogo con el sector
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha aprobado el real decreto ley 14/2010 con medidas urgentes para resolver el problema del déficit de tarifa del sistema eléctrico después de que PSOE y PNV votaran a favor de la convalidación de la norma y rechazaran tramitarla como proyecto de ley, y de que CiU se abstuviera en ambas votaciones.
Por su parte, el PP se ha abstenido en la convalidación del real decreto ley y ha votado a favor de tramitarlo como proyecto de ley. De esta forma, el 'sí' a la convalidación atrajo 175 votos, frente a 12 del 'no' y 157 de la abstención, mientras que el rechazo a la tramitación como proyecto de ley sumó 175 votos, frente a 160 del 'sí' y 9 de la abstención.
El aspecto de la norma que más enfrentamiento ha provocado en la Cámara Alta durante el debate previo a la votación ha sido el recorte de horas con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas, que permitirá ahorrar 2.200 millones en tres años y que ha sido considerado retroactivo por las asociaciones del sector.
Al margen de esta medida, el real decreto ley eleva los límites de déficit de tarifa hasta su desaparición en 2013 y permite ahorrar un total 4.600 millones de euros al sistema eléctrico en tres años mediante la asunción por parte de las compañías de un peaje a la producción, de los planes de eficiencia y del bono social.
Al defender el real decreto ley, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha asegurado que las medidas "evitarán subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica" y ha considerado que el recorte a la fotovoltaica "no es retroactivo ni pone en riesgo la rentabilidad de las instalaciones". El recorte es "temporal, razonable, proporcionado, necesario y garantizará el futuro del sistema", dijo.
CRÉDITOS PARA LAS PLANTAS.
Además, ha anunciado su disposición a retomar el diálogo con el sector y el mantenimiento de contactos con la CECA para que el sector financiero y su propio Ministerio faciliten a los promotores fotovoltaicos con dificultades el acceso a líneas de crédito que eviten los problemas relacionados con la financiación de las plantas.
"Somos conscientes de que la medida puede exigir en algunos casos inyecciones de liquidez a proyectos, y desde el Gobierno queremos facilitarlo y evitar dificultades coyunturales de liquidez que generen problemas a inversores solventes", afirmó, antes de añadir que "nada hay más lejos que la intención de buscar un quebranto para las instalaciones fotovoltaicas".
Sebastián presentó además como "necesario" el real decreto ley después de que en 2010 la "profunda crisis mundial" provocase un "incremento superior a lo previsto" en los costes del sistema y, especialmente, en las primas a las renovables. La norma, dijo, viene acompañada de acuerdos con los eólicos y termosolares, y "reparte el esfuerzo" entre todos los agentes, incluidos los consumidores, que ya soportan las subidas de la luz.
RECHAZO DEL PP.
Por su parte, el secretario de Economía del Partido Popular, Álvaro Nadal, mostró el rechazo de su partido a algunos aspectos de la norma y advirtió a Sebastián, en alusión a las fotovoltaicas y los recortes a las renovables, de que "los discursos se hunden cuando la realidad se hunde, y a este Gobierno se le ha hundido la realidad social y medioambiental, porque todo lo que toca lo destruye".
Junto a esto, instó al Gobierno a "consensuar" una "reforma integral" que resuelva el "problema enorme" del sistema eléctrico y se mostró "sorprendido" con los argumentos de PNV y CiU a favor de introducir medidas de apoyo a la fotovoltaica no ahora, sino en el debate en el Senado acerca de la ley de economía sostenible.
De los "25.000 millones" del déficit de tarifa, sólo 1.500 millones se crearon en la época en la que gobernó el PP, señaló Nadal, quien atribuyó el desajuste del sector a una "política muy demagógica en la que aumentaban los costes de manera desorbitada y no se trasladaban a los previos finales". "La situación le ha estallado al Gobierno", concluyó.
ARGUMENTOS DE PNV Y CiU.
El diputado del PNV Pedro Azpiazu expresó su apoyo al real decreto ley sin necesidad de su tramitación con proyecto de ley con el argumento de que, "si no se aprueba, sería imposible evitar nuevas subidas de las tarifas", al tiempo que "la colocación del déficit de tarifa se pondrá en entredicho y podría poner en peligro a las empresas del sector".
Por su parte, Josep Sánchez i Llibre anunció la decisión de CiU de abstenerse "con la esperanza de que en las próximas semanas se puedan negociar enmiendas y dar una satisfacción positiva" a los productores fotovoltaicos dentro del desarrollo normativo de la ley de economía sostenible.
Además, lamentó la "errática" política energética del Gobierno e instó a Sebastián a que supere los años de "estéril debate" y apruebe "en un plazo prudencial" cambios normativos inspirados en la estrategia energética aprobada por la subcomisión del Congreso que durante dos años estudió esta materia.
ERC-IU-ICV Y CC.
La portavoz de ERC-IU-ICV María Nuria Buenaventura lamentó que el Gobierno "olvide" los "beneficios espectaculares", la subida del gas, las subastas "inflacionistas" de electricidad y el apoyo al carbón nacional, y limite el recorte a las renovables. "Cuantas más renovables hay, menos ganan los del gas. ¿Por qué siempre se atreven con los más débiles?", se preguntó, en alusión al recorte de primas fotovoltaicas.
Por ERC, Joan Ridao ironizó al decir, en alusión a PNV y CiU, que el Gobierno "ya tiene el apoyo del equipo médico habitual" a la norma, y lamentó la forma "poco rigurosa y opaca" en que se fijan las tarifas eléctricas. Desde la liberalización, "las eléctricas han duplicado sus beneficios", advirtió.
Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas consideró el decreto "discriminatorio con Canarias", ya que el recorte de horas con derecho a prima afecta en mayor medida a las regiones con mayor radiación, como es esta comunidad autónoma, mientras que apenas tiene efecto sobre el Norte.
Francisco Jorquera, por BNG; Uxue Barkos, por Nafarroa Bai; Carlos Salvador Armendáriz, por UPN, y Rosa Díez, por UPyD, también mostraron su rechazo a la norma por suponer, a su juicio, un freno al desarrollo de las renovables.
