MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El tribunal internacional de arbitraje de Londres, que ha recibido las demandas de un grupo de quince fondos extranjeros contra el Estado español por el recorte retroactivo de las primas fotovoltaicas, podría poner en marcha el proceso el próximo 8 de junio si no ha habido antes un acuerdo previo entre las partes, indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
Según el mecanismo de resolución de controversias establecido por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), cuya vulneración se denuncia, los demandantes deben enviar en primer lugar una carta al Gobierno español, conocida como 'trigger letter', en la que se le informa del recurso y se le solicita negociación.
Hasta ahora, los quince fondos de inversores internacionales han remitido 45 cartas, las primeras de ellas con fecha 8 de marzo. Cada carta tiene tres copias, una de ellas para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otras dos para los ministros de Industria y Exteriores, Miguel Sebastián y Trinidad Jiménez, respectivamente.
Las fuentes indican que este procedimiento ha despertado precupación no sólo en el Gobierno, sino también en el PP, que aspira a llegar al poder el año que viene y que ve en este litigio el enquistamiento de un problema de primer orden.
Los fondos no detallan el importe de las indemnizaciones solicitadas, pero han invertido 2.875 millones de euros en proyectos fotovoltaicos en España y, si logran una resolución favorable, podrían obligar al Estado a desembolsar indemnizaciones superiores al ahorro perseguido con el recorte de primas fotovoltaicas.
LAUDO EN 18 MESES.
Tras la llegada de las cartas al Gobierno, el TCE fija un periodo de tres meses, conocido como 'cooling off period', para que las partes lleguen a un acuerdo. Una vez transcurrido el plazo, los inversores tienen derecho a iniciar el arbitraje internacional. De momento, el Gobierno no ha contestado y el plazo acaba en los primeros casos el 8 de junio.
Una vez iniciado el arbitraje, entre julio y septiembre se definirá cómo debe prepararse el proceso y quiénes compondrán el tribunal. En ese momento, se pone en marcha el mecanismo de elaboración del laudo, cuya resolución podría tardar 18 meses en conocerse.
Existen tres instituciones previstas en el TCE para resolver las controversias, que son la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con sede en Nueva York, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, vinculado con el Banco Mundial.
RECURSOS MÚLTIPLES.
El despacho que gestiona las denuncias de los inversores, Allen & Overy, ha planteado una estrategia en la que se opta por presentar recursos múltiples, en vez de una demanda colectiva. Unos 300 megatavios (MW) fotovoltaicos, o el 8% de la potencia instalada, podrían haberse adherido ya a este recurso, que sólo puede presentarse por inversores internacionales.
El despacho británico centrará la demanda en la vulneración de dos artículos del TCE referidos al tratamiento justo y equitativo a las inversiones, a la protección y seguridad de las mismas, a la prohibición de discriminación y a los regímenes de expropiación.
