Dos comisarios le muestran sus "reservas" y piden que sea "cauto" con la regulación
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Dos comisarios de la Unión Europea, el de Energía, Günther Oettinger, y la de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, han remitido una carta conjunta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la que le expresan sus "reservas" por el recorte "retroactivo" de primas a la fotovoltaica y le recuerdan la obligación de los Estados de respetar el Derecho comunitario en aspectos como la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, los comisarios dicen haber recibido un "alto número" de comentarios en los que se expresa "preocupación" ante los últimos cambios normativos dentro del sector de la energía fotovoltaica en España.
En concreto, advierten de que "el carácter retroactivo" del real decreto ley 14/2010 en el que se recorta el número de horas con derecho a prima a las plantas acogidas al real decreto 661/2007 "ha suscitado grave preocupación". "Nos gustaría informarle de ello y expresarle nuestras reservas en relación con estas medidas", señalan.
"No discutimos que los ajustes de las tarifas o las reducciones de costes por la evolución técnica puedan justificarse o resultar necesarios", pero "estamos convencidos de que esos ajustes deben hacerse pensando en el futuro y, por lo tanto, de manera previsible, en vez de tener un efecto retroactivo", señalan Oettinger y Hedegaard.
Los comisarios recuerdan en la carta, remitida el 22 de febrero, "las consecuencias negativas para la confianza de los inversores de los cambios retroactivos de las condiciones económicas de un tipo de instalación renovable", y que esta merma de confianza puede "extenderse" a otras instalaciones e incluso a otros países europeos.
"Por consiguiente, le rogamos que no escatime esfuerzos por mantener una política energética estable y previsible y que sea cauto a la hora de estudiar medidas que afecten a inversiones anteriores", señalan, antes de indicar que "los Estados miembros tienen que garantizar el respeto de los principios del Derecho de la UE, incluido los de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima".
