Industria y AEF provocan malestar entre las asociaciones fotovoltaicas al reunirse por separado
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado ha iniciado a instancias del Ministerio de Industria actuaciones por vía penal contra algunos casos "clamorosos" de fraude fotovoltaico, al margen de las medidas administrativas del Gobierno para retirar la actual prima a las instalaciones irregulares.
En una nota enviada por la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) a sus socios, a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de la asociación y partícipe en las conversaciones con Industria, Enrique Alcor, asegura que Industria les informó ayer de que durante la jornada se pondrían en marcha las actuaciones por vía penal contra las plantas fraudulentas. "Parecen absolutamente decididos a tomarse en serio el asunto y llegar hasta el final", advierte.
En paralelo, Industria ha lanzado un decreto para retirar las primas a plantas irregulares que permitirá reducir la retribución a la fotovoltaica. Según Alcor, el Gobierno quiere esperar a conocer cuánto se ahorrará el sistema con este recorte de primas y, por ello, ha pospuesto las negociaciones con el sector para septiembre. La situación, indica, es por tanto de "transición y espera".
El técnico de Asif ofrece además detalles sobre la evolución de las negociaciones. El miércoles por la tarde, Industria se reunió con Asif, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), sin que se produjese un acuerdo porque la primera de las asociaciones rechazaba recortar las primas a futuro en hasta un 45% para plantas de suelo.
Esa misma tarde, AEF, sin informar a Asif y Appa, logró una reunión "técnica" con Industria que mantuvo hasta entrada la noche. Alrededor de la media noche, AEF llamó a Asif para solicitar asesoramiento técnico, lo que molestó a la segunda, que expresó su "gran malestar" ante Industria, asegura Alcor.
Ayer, Industria y AEF remitieron su documento consensuado a Asif y Appa, que resultaba "muy duro", pero "válido para desbloquear la parálisis" en las conversaciones, dice Asif.
Sin embargo, a media tarde Industria endureció el documento y convocó a las asociaciones a una reunión que se celebró a las 18.30 horas y que se truncó. "Alguno de los participantes de AEF, muy nervioso, perdió la compostura y trató de dar por concluido el encuentro", afirma Asif.
PRINCIPIO DE ACUERDO.
Tras los intensos contactos de la semana, Industria y las asociaciones cuentan con un principio de acuerdo provisional que incluye medidas técnicas para nuevas instalaciones como la simplificación administrativa, el fomento del autoconsumo o la implantación de requisitos de calidad.
El documento incluye para futuras plantas recortes de primas del 45% si son de suelo, del 25% sin son de techo y del 5% si son de techo pequeño, así como la eliminación de un mecanismo de traspaso de potencia de suelo a techo cuando no se cubran los cupos de una convocatoria.
Para evitar la especulación, también se limitarán los cambios de titularidad de las plantas durante las fases de promoción y construcción, y durante los doce meses posteriores a la puesta en marcha. A este efecto, se realizarán cambios legales para que no se consideren bienes inmuebles las instalaciones de generación de electricidad con fuentes renovables.
Para las plantas acogidas al anterior decreto, el 661/2007, con primas más generosas, el documento recoge la persecución del fraude, la limitación a 25 años del periodo máximo de cobro de primas y un sistema de recorte al que podrán acogerse las plantas de forma voluntaria, por lo que no podrá considerarse retroactivo.
RECORTE DE HORAS.
Estos recortes incluyen diversas modalidades a las que podrán acogerse los promotores, incluida la de un máximo de horas de producción con derecho a prima, que oscilará en función de las áreas geográficas en las que se aplique. Como parte de esta medida, se crearía una bolsa de horas para compensar los riesgos de años de baja producción.
El documento también incluye un proceso para regularizar las potenciaciones de los parques fotovoltaicos, con un límite de producción por planta, y varias modificaciones técnicas, como la obligación de adscribirse a un centro de control y de responder a huecos de tensión.
