MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto por el que declara, en la zona denominada Asturias Centro, una zona de reserva provisional a favor del Estado para su explotación como estructura subterránea susceptible de acoger un almacenamiento de CO2. Se trata de una medida complementaria a la aprobación del proyecto de Ley de almacenamiento geológico de carbono.
Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la rueda de prensa del Consejo que dio luz verde a la transposición de la directiva europea para enterrar de CO2 como nuevo instrumento para luchar contra el cambio climático.
"Con este proyecto damos un nuevo paso hacia el compromiso de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 por ciento en 2020, que se elevará a un 30 por ciento en caso de un acuerdo internacional equitativo en esta materia", explicó.
De la Vega señaló que España se incorpora al ordenamiento jurídico las disposiciones contenidas en la Directiva Europea 2009/31/CE adaptándola a la realidad industrial, geológica y energética del país y se establece la base jurídica para que este almacenamiento se realice en condiciones "absolutamente seguras" para el medio ambiente. De este modo sientan las bases jurídicas de la actividad de almacenamiento geológico en España y las previsiones puntuales en materia de captura y transporte en condiciones seguras para el medio ambiente.
Entre las medidas que se pueden adoptar para la reducción de emisiones están la captura y almacenamiento geológico del dióxido de carbono, en la línea de las afirmaciones realizadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en ingles), que ya señaló, en su tercer informe de evaluación, que será necesaria una combinación de opciones tecnológicas de mitigación para lograr las reducciones necesarias y, en concreto que la Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) sería una "opción apropiada" para los países que tienen un número considerable de fuentes de CO2 adecuadas para la captación, acceso a lugares de almacenamiento y experiencia en actividades con petróleo y gas, y que necesitan cumplir sus objetivos de desarrollo en un entorno en el que el carbono está restringido.
El gobierno reconoce así que "España se encuentra en este supuesto", por lo que el empleo de la CAC puede contribuir a hacer posible la consecución de sus objetivos en materia de cambio climático.
En este contexto, el Gobierno menciona la adopción del Paquete Energía y Cambio Climático de la Unión Europea con el que los Veintisiete cumplirán el compromiso asumido por los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios en marzo de 2007, por el que se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento respecto al año base, en el año 2020, compromiso que se eleva a un 30 por ciento en caso de que se alcance un acuerdo internacional equitativo en esta materia.
Además, recuerda que la UE ha apostado por la captura y el almacenamiento geológico de carbono como una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático. Esta tecnología consiste en captar el dióxido de carbono que emiten las industrias, transportarlo a un emplazamiento de almacenaje y posteriormente inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.
La Ley se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de CO2 y únicamente contiene previsiones puntuales en relación con la captura y el transporte. De este modo, las futuras instalaciones se someterán a la normativa sobre control integrado de la contaminación, por lo que necesitarán obtener la correspondiente autorización ambiental integrada, y quedan sujetas también a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. Del mismo modo, por lo que se refiere al transporte, se contempla que las redes de transporte por tubería deban someterse a declaración de impacto ambiental.
