MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El dinero de las cuentas y libretas bancarias que no se usen en 20 años se destinará a financiar ayudas directas a personas discapacitadas para mejorar sus condiciones educativas, particularmente las relacionadas con el desarrollo profesional, la innovación o la investigación.
El Gobierno plantará este cambio en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2003, para dar un uso concreto al efectivo y los saldos que los ciudadanos dejan depositados en sus cuentas bancarias y sobre los que no realizan ninguna gestión en dos décadas.
La modificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se introducirá en la normativa mediante una enmienda promovida por el Ministerio de Hacienda que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso al proyecto de ley por la que se modifica la ley sobre Reutilización de la información del sector público.
TENER EN CUENTA LA IDONEIDAD DEL CANDIDATO
Así, no se modifica ningún aspecto en relación con cuándo los valores, dinero, saldos de cuentas o libretas, y demás instrumentos financieros abiertos en entidades bancarias pasan a formar parte del patrimonio público, ya que se mantienen como límite los 20 años sin haberse practicado gestiones para que se pueda producir este cambio de titularidad a favor de la Administración General del Estado.
Sin embargo, los 'populares' sí proponen "afectar" estos ingresos de las arcas públicas para "poder destinarlos a financiar un programa de mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad", tal y como explican en la propia enmienda.
Para ello, introducen en la normativa una nueva disposición mandatando a la Administración central que, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, desarrolle un nuevo programa con ayudas directas para promover la mejora de la atención educativa de los discapacitados, prestando "especial atención" a su desarrollo profesional y a la innovación y la investigación.
Además, se precisa que estas ayudas deberán estar sometidas a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación, aunque "se tendrán en cuenta especialmente las necesidades de los solicitantes" y su "idoneidad para obtener el mayor aprovechamiento posible en términos de vida autónoma, participación social e inclusión en la comunidad".
RECUPERAR EL CONTROL DE LAS AUDITORÍAS
Por otra parte, con la misma enmienda el PP pretende recuperar un control de este tipo de saldos pendientes que quedan 'abandonados' en las entidades financieras que fue derogado en 2003, durante la Presidencia de José María Aznar.
Y es que hasta entonces los informes de auditoría que deben presentar las entidades bancarias incluían una relación de las cuentas con saldos y depósitos abandonados durante más de 20 años, algo que dejó de hacerse a partir de febrero de 2004 y que ahora volverá a la legislación con exactamente la misma regulación, ya que el artículo se recupera en su literalidad.
