Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 24/03/2009 17:12
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley de CiU pactada con PSOE y PP, que insta al Gobierno a "proponer con la máxima urgencia" las medidas oportunas con objeto de facilitar transitoriamente para los ejercicios 2009 y 2010 el aplazamiento de las obligaciones tributarias por la morosidad en sus operaciones comerciales con otras empresas y administraciones públicas.
CiU reclamaba inicialmente al Gobierno que aprobara "con la máxima urgencia" un decreto ley que modifique "de manera transitoria para lo ejercicios 2009 y 2010" el sistema de imputación de rentas aplicable en los impuestos de IRPF, Sociedades e IVA, en función de la morosidad que esté sufriendo el sujeto pasivo de dichos impuestos en sus operaciones comerciales.
Sin embargo, el texto finalmente aprobado se limita a que esta "propuesta" se lleve a la mesa de trabajo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a abrir sobre la problemática que afecta al colectivo de autónomos, incluyendo ahora también a las pymes.
El portavoz económico de la federación nacionalista, Josep Sánchez Llibre, aseguró que esta corrección significa ajustar la imputación temporal de las rentas y el pago de los consecuentes impuestos al efectivo cobro de las operaciones que constituyen hecho imponible, para ahorrar a los empresarios el "sobrecoste fiscal de la morosidad" que sufren.
La representante del PP Ana Madrazo incidió en que se necesitan "soluciones realistas" para que pymes y autónomos puedan afrontar la "situación dramática" a la que les ha arrastrado la crisis y garantizar su supervivencia, por lo que considera necesario facilitar el devengo de las deudas fiscales que propone CiU. No obstante, descartó por "no razonable" darle un "giro de 180 grados" al criterio de imputación de rentas de otras enmiendas que aplica Hacienda.
El socialista Juli Fernández rechazó las recetas fiscales del PP y apostó por dar respuesta a los "problemas estructurales" que afectan a estos colectivos y no sólo "coyunturales", por lo que impulsó la enmienda de CiU para convertir su iniciativa en un mandato al Gobierno para que "estudiar" esta cuestión en el marco de la mesa de reformas estructurales.