El Tribunal de Cuentas aconseja más medios para el Alto Comisionado Marca España, criticado por todos salvo el PP

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en el Congreso
CONGRESO
Publicado: lunes, 25 junio 2018 19:32


El órgano fiscalizador alerta de los déficits en su funcionamiento pero no objeta su existencia

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha aconsejado este lunes en el Congreso dotar de más presupuesto y medios materiales y humanos al Alto Comisionado de la Marca España, así como completar su desarrollo normativo. Esta figura, creada en 2012 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha sido cuestionada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, con críticas más aceradas desde las formaciones independentistas y soberanistas.

Álvarez de Miranda ha presentado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) su informe sobre el Alto Comisionado, en el que se denuncia que todavía carece de desarrollo normativo, que su financiación es "prácticamente inexistente", que padece una evidente falta de medios que le impide realizar su labor, y que ni siquiera comprueba el cumplimiento de los convenios que suscribe.

El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos no se han opuesto a la existencia del Comisionado Marca España, pero sí han criticado su funcionamiento. "No sabemos si el Alto Comisionado ha sido un embajador honorífico o un conferenciante pagado por el Estado", ha señalado el diputado de Ciudadanos Vicente Ten.

En la misma línea, la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere ha apuntado que esa figura es un ejemplo de "cómo no hacer políticas de Estado", mientras que la representante del PSOE en ese debate, Miriam Alconchel, ha rematado que este órgano sólo ha servido para que el Gobierno de Mariano Rajoy hiciera un uso "propagandístico".

"MUCHO HUMO Y POCO CONTENIDO"

Más críticos han sido los parlamentarios soberanistas. Para Ferran Bel, del PDeCAT, ha habido "mucho humo y poco contenido" en torno a la creación de esta figura, y al igual que la senadora del PNV Dolores Etxano ha pedido 'darle una vuelta' a su existencia. El representante de Esquerra (ERC), Bernat Picornell, ha abogado directamente por suprimirla.

Desde el PP, la diputada Blanca Azucena Martínez Gómez ha salido en defensa del Alto Comisionado, cuya creación, según sus palabras, fue un "acierto". Además, ha dado por hecho que el actual Gobierno de Pedro Sánchez quiere suprimir esa figura. "Si quieren, suprímanlo, pero no intenten buscar pretextos ni culpables, por que no los hay, sólo hay víctimas de sus complejos y prejuicios", ha soltado.

En su turno, Álvarez de Miranda ha querido dejar claro que el órgano que preside no cuestiona la existencia del Alto Comisionado de la Marca España, pero sí ha insistido en la necesidad de completar su desarrollo normativo y dotarlo de los "suficientes" medios para poder evaluar el resultado de una actividad que, a su juicio, puede ser "perfectamente defendible y positiva".

Es más, el presidente del órgano fiscalizador se ha mostrado convencido de que el informe habría arrojado otro balance si se hubiera dedicado los fondos necesarios para llevar a la práctica las medidas que el Comisionado de la Marca España tenía presupuestadas.

La primera conclusión del mencionado informe es que, pese al tiempo transcurrido, "existe un insuficiente desarrollo normativo del ejercicio de sus funciones". Según señala, y más allá del decreto de su creación --que ya fue modificado--, la oficina del Alto Comisionado "no cuenta con ninguna norma que regule su funcionamiento" y tampoco tiene reguladas sus relaciones con los 'embajadores Marca España' (selección, obligaciones, código de conducta), ni los criterios establecidos para relacionarse con las empresas colaboradoras.

EXTERIORES SIGUE EJERCIENDO PARTE DE SUS FUNCIONES

Algunas de sus funciones ya eran parcialmente asumidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no ha dejado de tenerlas atribuidas. Y la gran mayoría de las líneas de actuación previstas en sus planes estratégicos no depende de la acción del Comisionado, ni en su planificación ni en su impulso ni en su consecución.

El Tribunal de Cuentas también advirtió en su informe de que en la web del Alto Comisionado no se han publicado las informaciones que exige la Ley de Transparencia, salvo el currículo del actual titular del organismo, Carlos Espinosa de los Monteros.

Igualmente, denunció que el proyecto Marca España se concibió como una política de Estado, en su sentido más amplio, incluyendo a todas la Administraciones, al sector privado y a la sociedad civil, "y, sin embargo, su financiación es prácticamente inexistente".

"La falta de medios ya ha sido puesta de manifiesto por la Oficina del Alto Comisionado en diversos momentos, advirtiendo de que la falta de presupuesto impide el desarrollo de actividades dirigidas al cumplimiento de su misión y compromete el éxito del proyecto para el futuro", añade el informe.

NO COMPRUEBA SI SE CUMPLEN LOS CONVENIOS

Aunque tiene competencia para suscribir convenios, la institución fiscalizadora detectó que el Comisionado hizo un seguimiento "defectuoso" de los acuerdos firmados, hasta el punto de que en algunos casos se impidió" comprobar la realidad de las actividades". "En ocasiones los pactos se han acordado de manera verbal, sin formalización de documento escrito alguno, lo cual no se ajusta a las leyes administrativas de procedimiento y transparencia, e impide cualquier revisión o control posterior", señala.

Así las cosas, el Tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda recomienda al Gobierno "desarrollar el adecuado marco normativo para el ejercicio de las funciones del Alto Comisionado y la actividad del proyecto Marca España, tanto en el ámbito contractual, patrimonial como operativo".

También pide para la oficina "los medios humanos y materiales necesarios a las unidades encargadas de llevar a cabo el Proyecto Marca España a fin de que puedan cumplir ordenadamente sus objetivos", así como "la adopción de medidas para mejorar el sistema de seguimiento de la ejecución y control de los acuerdos y convenios suscritos".

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