MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social, que incluye hasta 60 medidas de aplicación "inmediata" y con el que se pretende obtener unos ingresos equivalentes al 0,1% del PIB (unos 1.000 millones de euros) en 2013 para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, afirmó que el fraude "distorsiona" la actividad económica, supone competencia desleal, un "ataque directo" a los derechos de los trabajadores y sitúa en una situación de "indefensión" a los consumidores.
Así pues, señaló que la lucha contra el fraude "siempre es importante, y ahora lo es mucho más, no sólo en los aspectos recaudatorios, sino en aspectos de equidad, competencia y protección de derechos". "El plan incide sobre todo en la prevención", añadió la ministra de Economía y Hacienda, para apostillar que el Gobierno espera "resultados importantes para conseguir más ingresos".
El plan, cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia de la crisis, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado, cuenta con tres ejes: la mejora de los sistema de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.
Así, incorpora, en primer lugar, instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y prevé la creación de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información.
Además, viene a reforzar la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble imposición, la participación en programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude.
IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES.
Otro de los objetivos del plan es conseguir la implicación de los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude, para lo que se plentearán acuerdos a nivel nacional, autonómico y local y se extenderán los llamados acuerdos de intercambio de información con organizaciones sectoriales.
Incluye también actuaciones conjuntas de control que se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se indentifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte actividad o de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando.
Según el Ejecutivo, para aumentar su eficacia, estas actuaciones partirán de una planificación coordinada a partir de la información disponible en los registros de los tres organismos públicos.
Además, el Gobierno contempla la creación de una Comisión Mixta entre Agencia Tributaria, Seguridad Social e Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación en expedientes de especial magnitud y procesos concursales.
En la misma línea, se fijarán criterios conjuntos en los casos de concurrencia de embargo y cobro y se formalizarán consejos territoriales de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social
Por otro lado, se fomentará el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social.
LA AEAT RECAUDÓ 35.5000 MILLONES DESDE 2005.
El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años.
Entre estas iniciativas, Salgado destacó el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que ha permitido a la Agencia Tributaria recaudar más de 35.500 millones de euros desde 2005; así como las actuaciones en el ámbito laboral, que han posibilitado una recaudación adicional de 1.425 millones; y en la inspección de trabajo, que han generado 960 millones más.
Además, Salgado afirmó que el Gobierno colabora activamente con la UE para erradicar los paraísos fiscales, que consideró una prioridad, así como prácticas fraudulentas relacionados con el IVA y otras actuaciones transfronterizas.
