Al avalarse la legalidad, se podrán crear entre 500 y 800 puestos de trabajo
SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Tributaria ha devuelto a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), por orden de la Audiencia Nacional, un total de tres millones de euros en boletos incautados en dos meses 2002. Tras la sentencia del Alto Tribunal, la OID ha anunciado que reclamará seis millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
Así lo ha informado en rueda de prensa el jefe de los servicios jurídicos de la organización, Javier Gallego, quien ha destacado que se trata de una resolución "señera" porque la Audiencia Nacional "ha enmendado la plana" a Hacienda, y que supone el "espaldarazo definitivo" al "asentamiento" y "reafirmación" del proyecto de la OID en Cantabria, donde nació en 1989, y en todo el país.
Sin embargo, ha denunciado la "lentitud" de la justicia, tras once años y más de 120 sentencias favorables de la organización, que durante este tiempo se ha sentido "acosada y perseguida" por las distintas administraciones. Era, ha dicho, una situación "compleja desde el punto de vista legal" porque los jueces "daban la razón" a la OID pero Hacienda continuaba "en sus 13, siguiendo directrices políticas para respaldar el monopolio de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado".
Gallego ha señalado que la Audiencia Nacional ha dejado "claro y meridiano" que la organización no ha cometido ningún delito, ni de contabilidad, ni de estafa ni contra la Hacienda Pública, pero su sentencia llega "demasiado tarde" para una agrupación que ha sentido el "acoso ilegítimo e ilegal".
Tras este tiempo "penoso y lamentable", la organización cree que ha llegado el momento de "decir basta" y de que Hacienda "no quede impune", por lo que el colectivo reclamará una indemnización de seis millones de euros por daños y perjuicios que presentará "en los próximos días".
De ellos, tres millones corresponden a los boletos que no se pudieron vender en 2002 y el resto a los daños causados por la "mala imagen" que se proyectó de la organización a raíz de la incautación de la Agencia Tributaria.
"Se creó mala imagen, de asociación ilegal y de producto engañoso, que siempre se nota" en las ventas, ha recordado Gallego, que ha precisado que un perito está evaluando los gastos y perjuicios ocasionados por este hecho.
Además, OID exigirá la responsabilidad personal y penal de todos quienes hayan intervenido en este asunto, ha avanzado el abogado.
La resolución, ha dicho, avala la legalidad del proyecto en Cantabria y es una "buena noticia" porque a raíz de la misma se podrían crear entre 500 y 800 puestos de trabajo.
En este sentido, ha subrayado que cualquier trabajador de la organización tiene "todas las garantías legales" y quienes compren el boleto, además de una acción social, adquieren un producto "con todas las garantías legales y van a cobrar el premio".
OID
La OID tiene 3.500 vendedores en España, 300 de ellos en Cantabria, y cuenta con 110 oficinas, una de ellas en Santander y otra en Torrelavega. Su finalidad es la integración laboral, cultural y deportiva de las personas con discapacidad física, psicológica o sensorial, y para vende el euroboleto del discapacitado. No existe reparto de beneficios con lo que con los ingresos de los boletos se paga a los vendedores, los premios y se mantienen las infraestructuras con las que cuenta, entre ellas dos hoteles y dos residencias.
En un año, factura entre 58 y 60 millones de euros, y dedica a premios la mitad de la recaudación del boleto.
