Actualizado 07/11/2011 18:26

Gobierno pide a la Comunidad Valenciana que no dé "excusas de mal pagador" para justificar su ineficacia en dependencia

Isabel Martínez, Secretaria General De Política Social Y Consumo
EUROPA PRESS

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano, ha pedido a la Generalitat Valenciana que no dé "excusas de mal pagador" para justificar su "ineficacia" en la aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Así ha respondido Martínez Lozano, en declaraciones a Europa Press, a la acusación del Gobierno valenciano de que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad aporta datos "falsos" sobre la atención a los dependientes en esta comunidad --en la Evaluación de la Ley de Dependencia presentada en el Consejo de Ministros el pasado viernes-- y que el Gobierno le adeuda 12 millones de euros.

"La Comunidad Valenciana cobra la dependencia al mismo tiempo que el resto de las comunidades. Es inaceptable que dé excusas de mal pagador y hable de una burocracia estéril para justificar la ineficacia y falta de voluntad para aplicar la ley", ha aseverado.

Según la secretaria general de Política Social el informe de evaluación de la norma "deja claro que el 85 por ciento del gasto de la dependencia en la Comunidad Valenciana lo ha hecho la Administración General del Estado (AGE)", un dato que, a su juicio, "no es una estimación ni una mera opinión".

También ha recordado que mientras la media nacional de personas atendidas se sitúa en el 1,57, en la Comunidad Valenciana la media no supera el 0,85. "Los datos son objetivos y queremos que asuma (el Gobierno autonómico) su responsabilidad y competencia y dé a sus ciudadanos una explicación clara de lo que está haciendo", ha apostillado.

Martínez Lozano ha defendido que el Ejecutivo "cumple puntualmente" con la Ley de Dependencia con un "gran esfuerzo presupuestario", a diferencia de otras administraciones que, como la valenciana, "no han priorizado la aplicación de este sistema" y tienen a "una gran cantidad de personas con un derecho reconocido por ley, pero sin una prestación garantizada".