La crisis económica ha impactado en la retirada de denuncias por el "miedo" de las víctimas a su futuro tras el proceso judicial
MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El número de menores de edad, de entre 14 y 17 años, enjuiciados por delitos relacionados con la violencia de género asciende a 778 desde 2007, una cifra que representa un aumento del 23,7 por ciento entre 2007 y 2011, según los últimos datos estadísticos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Del total de acusados, a 716 (el 92%) les impusieron medidas educativas hasta el internamiento. "Estos datos nos dicen que hay que intervenir en el aprendizaje de los jóvenes para evitar que aprendan comportamientos machistas o de dominio", ha alertado la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, en la presentación este miércoles del 'Balance de los siete años de vigencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer' (2005-2012).
Asimismo, ha subrayado la necesidad de "insistir" por parte de los poderes públicos en la educación de los menores para que no adquieran estos hábitos y en el tratamiento "específico" de los niños o jóvenes que están expuestos a la violencia de género en sus hogares.
Otro aspecto que ha destacado Montalbán del informe es el número de mujeres que desde 2007 han renunciado a continuar con los procesos judiciales contra sus agresores, una cifra que asciende a 84.935 casos (el 11,5% del total de denuncias). Este dato de renuncias ha sufrido un aumento desde del 29 por ciento, sobre todo desde 2009.
Según la presidenta del Observatorio, la dependencia emocional, afectiva y económica está entre las causas que llevan a las mujeres a retirar las denuncias, además de las presiones familiares o el miedo a su futuro. "La manera de abordar estos problemas es articular una red social y de asistencia económica a las víctimas, durante y después del proceso judicial", ha indicado.
Montalbán ha advertido de que la crisis económica impacta en el aumento del número de denuncias retiradas, por lo que ha insistido en el "mantenimiento" por los poderes públicos de los recursos asistenciales y sociales para este colectivo de mujeres. "Tienen miedo a denunciar o seguir con los procesos porque no saben qué va a ser de ellas", ha alertado.
En total, desde 2007 se han registrado en los juzgados españoles 735.730 denuncias, lo que supone una media de 360 al día y un incremento del 4,3 por ciento en los últimos cinco años. No obstante, el Observatorio aclara en su informe que el dato de denuncias no coincide necesariamente con el número de mujeres que denuncian, toda vez que una misma mujer puede haber denunciado varias veces distintos hechos, con independencia de que los procesos se puedan acumular posteriormente.
El informe indica que desde la creación en 2005 de los juzgados especializados en violencia machista con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (actualmente hay 106) se han instruido un total de 963.471 delitos, han enjuiciado 71.142 faltas y han dictado un total de 137.408 sentencias, de las que el 80 por ciento han sido condenatorias (108.123).
"SE HA TERMINADO CON LA IMPUNIDAD DE LAS PRIMERAS FALTAS"
"En España se ha terminado con la impunidad en los casos de primeras amenazas, coacciones o malos tratos. Si se consigue intervenir en estos primeros actos, se hace frente a la cadena de violencia", ha indicado Montalbán, al tiempo que ha asegurado que "las muertes de mujeres no son súbitas, sino que tienen detrás una historia de malos tratos".
Del total de delitos, la mayoría fueron por lesiones y malos tratos (656.212 casos). De ellos, las lesiones por menoscabo psíquico o golpe sin causar atención médica o quirúrgica ascienden a 520.839 casos, un aumento desde 2005 del 102 por ciento; las lesiones por violencia física o psíquica continuada alcanzan a un total de 101.900 casos, con un incremento del 140 por ciento en siete años; los casos de lesiones por malos tratos graves ascendieron a 33.473, con un aumento del 18 por ciento sobre el año 2005.
Por otro lado, en el mismo periodo, los juzgados de Violencia sobre la Mujer han enjuiciado un total de 71.142 faltas, de las que 26.100 fueron vejaciones injustas, es decir el 45 por ciento del total de faltas. Estas vejaciones han experimentado un crecimiento del 121 por ciento desde 2005.
En este sentido, la presidenta del Observatorio del CGPJ ha mostrado su preocupación ante la posible supresión de las 'vejaciones injustas' en el anteproyecto de reforma del Código Penal porque esta falta supone "el primer eslabón de la cadena de maltrato". "Estos 26.100 casos quedarán impunes si finalmente las vejaciones desaparecen del Código Penal y no se consideran 'delitos menos graves'", ha alertado.
"LOS HIJOS SON IGUAL DE VÍCTIMAS"
Los juzgados especializados dictaron 141.465 medidas civiles cautelares, de las que 134.834 se acordaron en la orden de protección, las cuales tienen una vigencia de 30 días hasta la interposición de la demanda civil, prorrogables una vez interpuesta.
Destaca la prestación de alimentos (46.775 medidas), la atribución de vivienda (41.961), la suspensión de la guarda y custodia sobre los hijos menores comunes (14.496), la suspensión del régimen de visitas (6.932), la suspensión de la patria potestad (709), o la derivación a los servicios de protección del menor (1.382).
"No hay una sola víctima, sino varias cuando hay hijos", ha asegurado Montalbán, que ha advertido de que la ley integral centró su objetivo en la víctima y las medidas de los hijos estaban "subordinadas" a la misma. "Hoy día está demostrado que los menores expuestos a la violencia de género son igual de víctimas que sus madres", ha añadido.
Por este motivo, ha subrayado la necesidad de analizar las medidas civiles, que "puden ser muy idóneas para evitar que se trasladen modelos de comportamiento a los menores expuestos a la violencia de género".
En cuanto a las medidas penales, desde 2005 se han adoptado 605.966 de
protección: 236.686 órdenes de alejamiento, 199.413 prohibiciones de
comunicación con la/s víctima, 44.330 prohibiciones de volver al lugar del delito, 42.315 suspensiones de tenencia o uso de armas, 39.885 órdenes de salida del domicilio y 19.066 medidas privativas de libertad.
