MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Ángela tenía 15 años cuando en la iglesia de su pueblo escuchó que el Papa Ratzinguer viajaba a España y podía apuntarse. Era el año 2011 y Madrid acogía la Jornada Mundial de la Juventud. Ella, abrumada por una situación familiar perversa, vio la oportunidad de dejarlo todo atrás y se inscribió. Como menor de edad entró y fue recogida de los parques en los que estuvo viviendo. "Un día, en el centro de menores me dijeron que era mayor y que me tenía que marchar de allí, a la calle", afirma. Tenía 16, según su pasaporte.
Esta es la situación que afrontan decenas de niños y adolescentes extranjeros que acaban en España sin compañía de un adulto. Aunque ni la policía ni los jueces hayan dudado de la documentación que trajeron de origen, el sistema de protección de menores lo cuestiona, la Fiscalía les somete a unas pruebas médicas para determinar la edad --que tienen un margen de error de dos años-- y, si dan positivo, cesan la tutela. "Sólo porque están sólos".
A esta conclusión ha llegado Fundación Raíces, tras años trabajando por los derechos de los niños y adolescentes a ser escuchados y protegidos por el Estado. Su responsable, Lourdes Reyzabal, incide en la incongruencia de que todas las entidades públicas a excepción del Ministerio Fiscal, reconozcan la validez de los pasaportes de estos niños, muchas veces obtenidos ya en suelo español, mediante las representaciones consulares de sus países de origen.
El de Ángela es un caso paradigmático --Raíces ha recopilado 40 sólo sobre Madrid--. Entró en Barajas con un visado válido para la UE expedido por una representación consular europea y estampado en su pasaporte, el mismo que le valió para obtener un permiso de residencia excepcional cuando protección de menores la expulsó del sistema, el mismo en el que dice que nació en Malawi en 1996 y al que contradijeron las pruebas médicas encargadas por el fiscal.
"La Fiscalía General del Estado no se cree los pasaportes ni las partidas de nacimiento de embajadas y consulados de todos los países de origen de estos chicos, cuando quienes los ostentan son menores que vienen solos. Hemos ido a las embajadas, nos han hecho certificados y el Estado no se lo cree. Si esta niña hubiera venido acompañada de sus padres nadie habría cuestionado su pasaporte. Es sólo porque están solos y tienen que acceder al sistema de protección español", denuncia Reyzábal.
Aunque el Ministerio Fiscal ordenó la realización de las pruebas de determinación de la edad y resolvió después que era adulta y debía salir de protección de menores, no denunció a Ángela por falsedad documental, no investigó el origen ni la veracidad de su documentación. Reyzabal afirma que es algo que se ha dejado de hacer: dice que en 2009, 23 menores fueron acusados penalmente por la Comunidad de Madrid por este asunto y la administración perdió todos los juicios.
Ahora, explica, se expide la resolución sobre la edad a modo de decreto y no se puede recurrir si no es de forma indirecta, impugnando en los tribunales el cese de la protección, es decir, denunciando a la comunidad autónoma en cuestión. Esto alarga el proceso meses e incluso años. Si un chaval cumple los 18 antes de que se dicte sentencia, el caso decae. Es más, puede acabar deportado.
TRES AÑOS PENDIENTE DE UN RECURSO
Ángela lleva casi tres años pendiente de esa resolución judicial. Cuando acabó en la calle tras tres meses en el centro de menores de Hortaleza, en Madrid, su pasaporte era válido: no encontró acogida en los centros para solicitantes de protección internacional ni en la red diseñada para inmigrantes porque no están diseñados para acoger a menores de edad. Tampoco habría podido trabajar, no tenía un tutor que lo autorizase.
"Yo no tenía dónde ir y como tenía novio, me dijo que podía estar en casa de sus padres, que es donde estoy ahora. Pienso mucho en que si se termina algún día, como estoy viviendo con ellos, no voy a tener un sitio donde vivir. No sé qué voy a hacer. No tengo ayuda. No tengo a nadie. Aún así, aquí estoy mejor. No puedo volver a mi país", ha explicado en declaraciones a Europa Press.
Su permiso temporal, obtenido por sus circunstancias excepcionales, vence en septiembre, justo cuando ella cumple los 18 años. Está estudiando un curso de peluquería, aunque aún no sabe si será en España donde podrá ejercer. Si la hubiesen reconocido como la menor de edad que era en su pasaporte, en cumplimiento de la Ley de Extranjería la Administración le habría proporcionado 'los papeles'. Ahora su futuro es incierto.
Ángela nació en Malawi, un país africano sin salida al mar enclavado entre Zambia, Tanzania y Mozambique, que figura entre los 40 más pobres del mundo y entre los más densamente habitados de todo el continente. Es un lugar donde el grueso de la población es rural y vive de la tierra, la homosexualidad se condena con la cárcel y la explotación sexual está a la orden del día. Es el lugar al que no quiere ni puede regresar.
