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El Ejecutivo busca evitar figuras jurídicas paternalistas y virar hacia otras de acompañamiento como la curatela
MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tendrá lista la reforma del Código Civil sobre tutela de personas con discapacidad para 2018. Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, este documento, aún borrador, se encuentra en fase de consulta de expertos antes de su elevación a proyecto de ley, que se espera para mediados del año que viene.
Con esta reforma legislativa, el Ejecutivo busca adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, en vigor desde 2008, y en la que se pide a los estados firmantes modificar sus leyes para conseguir un sistema menos parternalista y de mayor igualdad jurídica.
Entre los cambios que baraja el Gobierno, según apunta el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, está limitar el régimen de tutela de personas con discapacidad a los menores no emancipados y no sujetos a la patria potestad.
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha explicado que, actualmente, cuando un menor con discapacidad intelectual cumple 18 años tiene dos caminos. La prórroga de la patria potestad, "lo que le convierte en un menor de por vida" o iniciar un procedimiento de incapacitación judicial. "Lo que la nueva propuesta del Gobierno pretende es que la patria potestad no sea prorrogable", ha apuntado, lo que supone un avance para que estas personas no estén tuteladas de por vida.
"NO ES SUFICIENTE"
"En realidad lo que busca el Gobierno es eliminar la tutela, que es un sistema más restrictivo, frente a un mayor uso de la curatela, por ejemplo, que es una figura más de apoyo y de acompañamiento a la persona con discapacidad, y no de sustitución, que es lo que quiere evitar la convención internacional", ha apuntado Pérez Bueno.
El presidente del CERMI, con quien ha contado el Ejecutivo para elaborar este texto, asegura que se trata de un paso adelante, pero, a su juicio, "todavía no es suficiente", sobre todo, si se tiene en cuenta "la radicalidad" que se pide en la convención. De hecho, la intención de Pérez Bueno es "seguir proponiendo" cambios, de cara a que el nuevo texto se acerque lo más posible a lo que España firmó.
En este sentido, Pérez Bueno también ha reconocido que se trata de un cambio muy difícil y quizá la parte más difícil de reformas de todo lo que se decidió en Nueva York, porque supone elaborar un nuevo sistema. Según ha apuntado, apenas ningún país europeo ha realizado cambios en esta cuestión.
En la respuesta del Gobierno, a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell, también se especifica que en la reforma se está preparando "un cambio de terminología" y se regularán las instituciones de apoyo a la persona con discapacidad, como son la curatela (usada principalmente protección de personas con una discapacidad mental leve), el defensor judicial o la guarda de hecho.
"Asimismo, en la misma iniciativa habrán de incorporarse las reformas oportunas de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en consonancia con los objetivos de la norma", apunta el Ejecutivo.
