El Defensor detecta "cierto automatismo" hacia la reagrupación y demanda asistencia jurídica gratuita para los menores en el proceso
SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, ha trasladado a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) su "preocupación" por la "inexistencia de informes detallados e individualizados sobre la situación familiar del menor a la hora de plantear la conveniencia de su reagrupación".
Fuentes de APDH-A confirmaron a Europa Press que, en una respuesta ofrecida por Múgica a principios del pasado junio a una solicitud de información del colectivo sobre la situación de los menores inmigrantes en los centros de acogida tutelados por el Gobierno español, el Defensor alertó de que en los expedientes administrativos sobre reagrupación familiar de menores extranjeros no acompañados que ha tenido la oportunidad de analizar "no se incluyen informes detallados e individualizados sobre la capacidad material y afectiva de la familia para hacerse cargo del menor de manera efectiva".
En este sentido, Múgica recuerda que la repatriación del menor a su país de origen debe de tener lugar siempre y cuando "sea la mejor opción" para el mismo, determinándose en cada caso "de manera individualizada", si es "procedente" el regreso del afectado al seno familiar o bien garantizándose la "adecuada tutela" de éste por parte de los servicios públicos de su país de origen, informó APDH-A.
Por su parte, el colectivo criticó que "si no se presenta un informe detallado sobre la situación familiar de cada menor antes de su reagrupación, se estará hablando, en realidad, de expulsiones camufladas".
De otro lado, el Defensor del Pueblo Español considera que el derecho que tiene el menor a ser oído en el proceso de reagrupación familiar "no queda lo suficientemente garantizado si no se facilita al interesado asistencia jurídica gratuita tal y como recoge la Ley Orgánica de Protección del Menor", según indicó la asociación.
Así, APDH-A apuntó que, aunque la mayoría de los servicios de Protección del Menor de las Comunidades Autónomas consideran que el derecho a ser oído del menor queda garantizado desde el momento en que se incluye en su expediente constancia documental de que se le ha informado de la medida de reagrupación propuesta y se ha recogido su opinión; Múgica entiende que este derecho también "implica audiencia jurídica realizada con garantías y el asesoramiento de un profesional que vele por sus derechos e intereses".
También recuerda el Defensor que "debe de notificarse al menor la decisión que se tome respecto a su posible reagrupación familiar, informándolo de los recursos que contra la misma quepa interponer".
Sin embargo, APDH-A va más allá y solicita que este asesor o "defensor judicial" sea "neutro", pues no considera "adecuado" que este papel lo cumpla el abogado de la Subdelegación del Gobierno pertinente en cada caso, pues entonces se daría un "claro conflicto de intereses".
"TENDENCIA AUTOMÁTICA A LA REUNIFICACIÓN".
Por último, según destacó la asociación, el Defensor del Pueblo Español les ha trasladado su "impresión" de que existe "una tendencia automática a proponer la reunificación familiar de los menores inmigrantes como finalidad última de las actuaciones de protección".
En este sentido, Múgica recuerda la "necesidad de atender a la interés superior del menor tal y como lo dice la Ley Orgánica de Protección Judicial del Menor y estudiar las circunstancias de cada caso de manera minuciosa y personalizada". Al hilo, el colectivo insistió en la importancia de que en estos procedimientos "siempre" se atienda a la citad normativa y no a la Ley de Extranjería, porque, "ante todo, son menores".
También en este marco, el Defensor hace hincapié en la obligación de la Administración de "declarar inmediatamente en desamparo a los menores extranjeros no acompañados".
Estas apreciaciones del Defensor del Pueblo Español se producen a raíz de una solicitud de información sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados en centros tutelados por la Administración planteada por la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A).
La asociación se dirigió a esta institución, tal y como explicó a Europa Press, después de haber detectado "muchas deficiencias en los procedimientos e infraestructuras de los centros de acogida" y ante la percepción de que "existe una tendencia generalizada a criminalizar al colectivo inmigrante menor y anteponer su situación de extranjero a la de su situación jurídica real".
