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Propone medidas como la denuncia anónima para garantizar el acceso de todos a la justicia
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) ha pedido a los Estados miembros de la UE que eviten la criminalización de los inmigrantes en situación irregular y la persecución de quienes les ayudan en sus legislaciones internas.
Es una de las conclusiones del informe 'La Criminalización de los Migrantes Irregulares', en el que la FRA analiza las medidas punitivas que aplican los Estados miembros contra la estancia irregular de personas en su territorio, sanciones que van desde la multa, como en el caso español, hasta el encarcelamiento, como ocurre en Alemania o Reino Unido.
Estas medidas y, principalmente, el miedo a padecerlas, incrementan la vulnerabilidad en la que ya de por sí se encuentran los extranjeros sin permiso de residencia: les priva del ejercicio de derechos fundamentales y les convierte en víctimas preferentes de los delitos porque tienden a evitar acercarse a las autoridades para presentar una denuncia.
"Los migrantes en situación irregular no suelen denunciar un delito a a la policía, ya sea como víctima o como testigo, ya que tienen miedo a ser detectatos y retornados al lugar de origen. Esto restringe de facto su acceso a la justicia, dando lugar a la impunidad de los perpetradores de los crímenes", expone el informe.
Para la Agencia, los Estados deberían implementar medidas como la denuncia anónima o semi anónima, de forma que se garantice que una persona en situación irregular que se acerca a las autoridades no sea perseguida por su condición.
La FRA explica que también por este "peligro real o percibido de la posibilidad de ser detectados, los migrantes en situación irregular tienen a menudo demasiado miedo de usar las instalaciones médicas, enviar a sus hijos a la escuela, registrar los nacimientos de sus hijos o asistir a los servicios religiosos".
"Si el Estado fomenta además que el público en general delate a los migrantes en situación irregular, esto les empujará a vivir de un modo más oculto, privándoles del acceso a los servicios públicos, y les hará más vulnerables a la explotación y el abuso", dice la Agencia europea.
Entre los grupos con más riesgo de sufrir estos abusos, sitúa a las migrantes en situación irregular que viven en las calles, en tanto que "pueden ser al mismo tiempo víctimas de trata de personas con fines de explotación" y deben reconocérsele por tanto las medidas de protección específicas a las que tienen derecho.
Asimismo, señala a las empleadas del sector doméstico, que "pueden ser forzadas a mantener relaciones sexuales a cambio de vivienda y alimentación". "Especialmente preocupante es que el permiso de residencia de la víctima puede ser dependiente del autor del abuso, es decir, un miembro de la familia, o el propio empleador. Esto les desanima aún más la denuncia", dice la FRA.
PERSEGUIR LA AYUDA HUMANITARIA
Esta "criminalización" perjudica no sólo a los propios migrantes, sino también a quienes les ayudan prestando asistencia humanitaria, jurídica o, directamente, rescatando pateras en el mar.
"Los pescadores temen el castigo por el rescate de migrantes, un hecho que fue ampliamente difundido a raíz de la tragedia de Lampedusa. Además, los propietarios de viviendas alquiladas a migrantes irregulares pueden ser castigados", denuncia la FRA.
En opinión de la Agencia, los Estados miembros de la UE "debe tratar a los migrantes en situación irregular en función de las garantías contenidas en la Directiva de Retorno", en asuntos como el encarcelamiento: mientras no haya perspectiva de poder expulsar a una persona a su lugar de procedencia, esta no debe ser privada de libertad.
Además, incide en la importancia de promover el acceso a la justicia por parte de los migrantes, reconociendo el permiso de residencia a todos aquellos que hayan sido víctimas de explotación y abuso, algo que para la FRA es "particularmente importante para las víctimas de la violencia de género".
Respecto de quienes asisten a los migrantes, incide en que cualquier persona que da asistencia humanitaria como rescate en el mar o asistencia mediante alimentos, vivienda, atención médica o asesoramiento legal "no debería tener que arriesgarse a un castigo" ya que este tipo de apoyo no puede entenderse como un delito de promoción de la entrada o estancia irregular.
En esta línea, dice que el alquiler de alojamientos para inmigrantes irregulares y sin la intención de evitar la explotación de los mismos no debe considerarse tampoco como uno de estos delitos.
