MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya ha dictado dos resoluciones idénticas en las que deniega la renovación del permiso temporal de residencia por motivos humanitarios a un ciudadano nigeriano transplantado de riñón en junio del año pasado y a otro de origen senegalés que tras ser operado de una grave dolencia cardíaca, está pendiente de un transplante de corazón en España.
Tanto el nigeriano J.O. como el senegalés M.M.G. obtuvieron el año pasado una primera Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales Humanitarias de enfermedad sobrevenida porque la Administración entendió que sus respectivas dolencias les impedían trabajar en España y, en consecuencia, no podían regularizar su situación de otro modo. Los permisos, de carácter temporal, debían renovarse al cabo de un año.
Sin embargo, llegado el momento, la Subdelegación ha denegado la renovación por entender que en ambos casos, "no persisten las razones que motivaron la concesión del permiso", pues los informes médicos "ya no indican la gravedad de la enfermedad alegada" y "el tratamiento medicamental recomendado puede continuar en su país de origen".
Para quedarse en España legalmente y seguir manteniendo asistencia sanitaria, estos dos ciudadanos africanos tendrían que justificar que disponen de unos ingresos mensuales mínimos de 2.130 euros, es decir, cuatro veces el IPREM (532,15 euros), tal y como dicta la Ley de Extranjería como condición para las renovaciones de permisos de residencia en extranjeros que no trabajan.
El abogado de los afectados, Javier Galpasoro, ha anunciado un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao con solicitud para la adopción de medidas cautelares para ambos casos y ha trasladado una queja al Defensor del Pueblo por lo que entiende, es "un salto cualitativo en la política de extranjería" llevada a cabo por las autoridades.
El letrado, experto en extranjería y presidente de CEAR Euskadi, denuncia la "dramática denegación de asistencia sanitaria" en España a la que están abocadas las personas en situación administrativa irregular, una condición a la que "la propia Administración les aboca" en un "insoportable ejercicio de negligencia y omisión", según denuncia.
"Los dos ciudadanos africanos, al dejar de recibir la asistencia sanitaria que precisan, pueden sufrir serias consecuencias en su salud y se puede poner en peligro sus vidas", señala Galpasoro, para incidir en que si el año pasado se les reconoció que no podían trabajar por sus dolencias "no tiene sentido" que siguiendo enfermos, se les exijan ahora ingresos mensuales por encima de los 2.100 euros para poder quedarse.
