MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las ONG ambientales han denunciado la marginación a la que les somete la nueva reforma de la Ley de Justicia gratuita que consideran que deja al medio ambiente "sin defensa" al tiempo que recuerdan que esto va en contra de la normativa europea y de Naciones Unidas.
El proyecto de Ley niega a las organizaciones ambientales el trato que otorga a otras asociaciones, como las de consumidores, sindicatos, asociaciones de víctimas del terrorismo o Cruz Roja.
Por ello, advierten de que si el Parlamento no enmienda este proyecto de ley, las ONG ambientales denunciarán ante la Comisión Europea y ante la Organización de Naciones Unidas el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental porque, en su opinión, la propuesta del Gobierno perjudica "seriamente" la capacidad de estas organizaciones y de la sociedad para defender el medio ambiente y el patrimonio natural.
El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado está reconocido por el artículo 45 de la Constitución y amparado por Directivas Europeas y el Convenio de Aarhus, que España ratificó en 2005. En este sentido, en un comunicado conjunto recuerdan que las normas internacionales obligan a un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales.
Así, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife y WWF critica la injusticia que supone que otras organizaciones puedan acceder a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos, introduciendo en este caso una discriminación de difícil justificación respecto a las organizaciones ambientales.
Igualmente, insisten en que la reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impulsa "nuevas trabas" a la defensa del medio ambiente, porque a partir del tercer caso anual deben demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, lo que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.
"Supone un absurdo para las ONG ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales en todo el territorio y tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones. Hay que recordar que algunos de los ataques más graves contra el medio ambiente en España han podido ser llevados ante la Justicia gracias a la actuación responsable de las ONG ambientales que han velado por el interés público", han manifestado.
GALLARDÓN NO HACE CASO
En definitiva, las cinco ONG ambientales opinan que la Ley de Gallardón introduce "demasiadas incertidumbres" y conduce a que el proceso judicial sea "excesivamente oneroso" e incluso "injusto y poco equitativo" para las ONG ambientales, sean grandes o pequeñas y que normalmente no tienen ánimo de lucro.
Gallego estima que "lo ideal" es que el Ministerio de Justicia "recapacite" y se pueda estar "en igualdad" con otros colectivos.
En este contexto, la responsable jurídica de SEO/BirdLife, Soledad Gallego, ha añadido que las ONG han solicitado una reunión con el titular de Justicia para tratar esta cuestión. En declaraciones a Europa Press, ha lamentado que el Ministerio de Justicia no haya hecho caso a sus denuncias que también han sido transmitidas a este departamento por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por ello, ha insistido en que hay base para acudir a un procedimiento de infracción ante la Comisión Europea, por mala trasposición o por infracción del derecho comunitario y al Comité de cumplimiento de Aarhus de la ONU.
"Llevamos un año aportando a Justicia todas las explicaciones y aportando la forma en que se debía regular esta cuestión así como proponiendo modificaciones de artículos que finalmente no se han tenido en cuenta", ha lamentado Gallego, que se alegra de que otras agrupaciones, como las asociaciones de víctimas del terrorismo, Cruz Roja, organizaciones de consumidores tengan acceso por defender cuestiones que, "o defienden estas o no las defiende nadie".
Por ello, reclama el mismo trato que estas ya que el medio ambiente, o lo defienden las ONG o no lo defiende ninguna otra organización".
Finalmente, ha apuntado que la ley deja fuera a las ONG pequeñas porque deben estar declaradas de utilidad pública y deja fuera a las grandes, porque deben justificar que tener menos de 30.000 euros.
