MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha destacado la discriminación como principal causa de la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad en un informe sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas y la Discapacidad, según informa el CERMI.
El objetivo del tarabajo es dar a conocer las principales vulneraciones que se producen contra esta población para eliminarlas y restituir en sus derechos a un sector de población "que viene adoleciendo de un déficit de ciudadanía".
Así, en España, según el CERMI, la discapacidad no se ha ligado al concepto de la violencia de género en ningún estudio significativo de ámbito estatal por lo que es "esencial" incluir la discapacidad de forma "efectiva" tanto como indicador como en los informes oficiales que se realicen para visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad.
Por ello, considera, en relación a la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que aunque supone "un gran paso adelante" para la sociedad española, es "necesario" ampliar su objeto y reconocer todas las situaciones de violencia ejercidas contra las mujeres con discapacidad.
Además, en esa línea, opina que debería ampliar su horizonte con la inclusión de medidas concretas destinadas a dar solución a las situaciones de violencia de género hacia las mujeres con discapacidad y la puesta en marcha de programas específicos de sensibilización y atención en estos casos.
Por otra parte, el CERMI reclama también una modificación del Código Penal español, que consiste en eliminar la despenalización de la esterilización sin consentimiento expreso del interesado/a cuando se trata de una persona con discapacidad.
Para el CERMI, el objetivo principal es la inclusión de la prevención, lucha y eliminación de la violencia de género contra las niñas y mujeres con discapacidad en todas sus formas.
En ese sentido, propone desarrollar estudios específicos sobre la situación de este colectivo en relación con la violencia y reconocer la discapacidad como un asunto "transversal" para incorporarlo en todas las políticas, acciones y medidas que se pueden desarrollar a partir de esta estrategia, garantizando el principio de accesibilidad.