Un estudio promovido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) revela que la legislación española sobre menores no ha asumido la dimensión inclusiva requerida por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para la analista jurídica y autora del estudio, María José Alonso Parreño, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y normas complementarias no se encuentra ninguna mención a la discapacidad, lo que en la práctica "lleva aparejada una merma de los derechos de los niños y las niñas".
Este trabajo pretende señalar los aspectos que se deben incorporar en una futura reforma legislativa para lograr el ajuste a la Convención Internacional de la discapacidad. Algunas de las propuestas son la ampliación de la cobertura en el interés superior del menor; la estimulación de manera efectiva de la participación en la vida social de su entorno; o la mejora en la atención temprana de los menores discapacitados. Para realizarlo, la autora incide en la necesidad de concienciar a la administraciones autonómicas que son las que ostentan las competencias desde que los servicios fueron transferidos.