Jartum acusa a las organizaciones humanitarias de facilitar información y "pruebas falsas" al TPI
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las ONG que serán expulsadas de Sudán como represalia del Gobierno por la orden de arresto contra el presidente de este país, Omar Hassan al Bashir, emitida ayer por el Tribunal Penal Internacional (TPI), advirtieron hoy de que millones de personas se quedarán sin asistencia humanitaria, consistente en comida, agua, sanidad o refugio. Uno de los grupos afectados informó de que tienen 24 horas para salir de territorio sudanés.
La medida del Gobierno afecta a diez organizaciones humanitarias, entre ellas algunas tan importantes como la sección holandesa de Médicos Sin Fronteras (MSF), la estadounidense Care, la británica Oxfam, Acción Contra el Hambre (ACH) o el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
Pero fuentes oficiales sudanesas indicaron hoy que el Gobierno planea expulsar a otras tres ONG. "Hemos oído que el Gobierno sudanés va a expulsar a tres grupos humanitarios más. Parece que estas instrucciones proceden de arriba. Tememos que puedan ser más", señalaron las citadas fuentes bajo condición de anonimato. Una de las ONG que mencionó fue la sección francesa de Médicos Sin Fronteras (MSF), que se uniría a la sección holandesa que ya ha recibido la orden de salir del país.
MSF se mostró "indignada" por la medida adoptada por Jartum, que amplía una anterior emitida el pasado lunes y en la que se ordenaba la retirada de todo el personal internacional de varios de sus proyectos. Según alertó, esta situación "deja a más de 200.000 de sus pacientes sin cuidado médico esencial".
Esta ONG explicó que fue convocada a una reunión con las autoridades de Sudán poco después del anuncio del TPI, en la que le comunicaron que debía suspender todas sus actividades y preparar a su personal para la inmediata salida del país, aunque no se le ofreció ninguna explicación al respecto.
La sección holandesa de MSF desarrolla actividades médicas en tres emplazamientos del sur de Darfur, en las áreas de Kalma, Muhajariya y Feina. En Kalma, un campamento de refugiados donde viven más de 90.000 personas, se ha declarado recientemente un brote de meningitis, una enfermedad mortal si no es tratada.
Con la partida de MSF, alrededor de 70.000 personas se quedará sin ningún tipo de acceso a cuidados de salud en Muhajariya debido al cierre del único hospital del área. Esta decisión fuerza además el cierre de clínicas de salud en Feina y alrededores, donde MSF ofrece tratamiento a un promedio de 3.000 personas al mes.
ACUSACIÓN DE COLABORAR CON EL TPI
Jartum ha acusado a las organizaciones humanitarias de facilitar información y "pruebas falsas" al TPI para que éste emitiera la orden de arresto contra Al Bashir por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Darfur.
Ante esta situación, MSF remarcó que es "completamente independiente" del TPI y que no coopera con esta institución ni le provee ningún tipo de información. "Es absurdo que nosotros, como una organización independiente e imparcial, nos encontremos atrapados en un proceso político y judicial", explicó el director de Operaciones de MSF Holanda, Arjan Hehenkamp.
Por su parte, la organización estadounidense Care señaló que fue informada por carta de la decisión del Gobierno sudanés. Su expulsión, advirtió, afectará a un millón y medio de personas que actualmente reciben comida, agua y asistencia sanitaria tanto en el norte del país como en la región de Darfur, entre otras zonas.
La de Sudán es una de las misiones más importantes que desarrolla Care en África central y oriental, con más de 650 cooperantes, la mayoría de los cuales son sudaneses que asisten a desplazados internos en los campamentos y las zonas rurales.
La ONG Acción Contra el Hambre, por su parte, explicó hoy que el año pasado atendió a unas 450.000 personas en Sudán, el 80 por ciento de ellas en Darfur, región donde dos millones y medio sobreviven gracias a la ayuda humanitaria.
Por todo ello, deploró la decisión del Gobierno de Al Bashir de cesar sus actividades y manifestó su inquietud por el futuro de millones de sudaneses cuando las diez ONG afectadas salgan del país. "Si Acción Contra el Hambre debe cesar sus actividades en Sudán, 450.000 personas se verán privadas inmediatamente de la asistencia urgente que se les suministra para beber y alimentarse", afirmó el director general de la ONG, François Danel.
Como ya han hecho otras organizaciones que operan en Sudán, ACH hizo un llamamiento a las autoridades de este país a que respeten los principios humanitarios para que millones de personas no sean conducidas a una situación desesperada.
En este mismo sentido se pronunció la sección británica de Oxfam, que ha solicitado al Gobierno de Al Bashir que permita la continuidad de los trabajos humanitarios desarrollados en beneficio de cientos de miles de personas, y "espera que el problema pueda resolverse rápidamente".
"Si se revoca la licencia de Oxfam Internacional, afectará a más de 600.000 sudaneses a quienes proveemos de ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo. Entre nuestros trabajos se encuentra la distribución diaria de agua potable y medidas de saneamiento a los afectados", explicó Francisco Yermo, portavoz de Intermón Oxfam para Sudán.
24 HORAS PARA MARCHARSE
Por último, la secretaria general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Elisabeth Rasmusson, confirmó también que su permiso para operar en Sudán ha sido cancelado, lo cual ha sido "una sorpresa y una decepción". A pesar de todo, esta ONG dirigirán una petición al Gobierno para que dé marcha atrás.
Pero la orden de Jartum, según NRC, indica que las organizaciones humanitarias deben abandonar el país en las próximas 24 horas, por lo que esta ONG anunció que su personal expatriado abandonará Jartum y la localidad de Kordofan, donde se encuentran sus oficinas, al final del día y todo su material será confiscado.
"Queremos quedarnos en Sudán. Estamos haciendo un trabajo importante en este país. Después del acuerdo de paz de 2005, los desplazados internos han empezado a regresar a sus casas. NRC está muy implicado en asistirles para que empiecen una nueva vida; este proceso requiere mucha asistencia", concluyó.
El secretario general de la ONU pidió a Jartum después de conocerse la orden de arresto del TPI que cooperara y garantizara la seguridad de las ONG y el personal de Naciones Unidas en Sudán, pero la respuesta del Gobierno de Al Bashir no se hizo esperar.
Ante esta situación, autoridades de la ONU alertaron hoy, bajo condición de anonimato, del "impacto devastador" que supondrá para la población de Sudán la expulsión de las ONG. Según afirmaron, efectivos de la seguridad sudanesa ya han empezado a llevarse ordenadores y otro material de las oficinas de las organizaciones en Jartum y Darfur.
