Plataforma de Interinos de Euskadi exige concurso de méritos contra la "excepcional temporalidad en fraude de ley por duración excesiva"
BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Interinos de Euskadi pide la paralización de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y convocatorias que afecten a personal empleado público, ya sea funcionario interino, laboral temporal o estatutario eventual/temporal, en "fraude de ley por duración excesiva" de sus contratos, hasta que se regularice su situación laboral.
En ese sentido, la plataforma exige "el reconocimiento de oficio por la Administración del fraude de ley" de la totalidad de estos empleados que lleve "más de 24 meses de contrato dentro de un periodo de 30, tal y como ocurre con el personal indefinido no fijo".
La Plataforma de Interinos de Euskadi, un movimiento "no ideológico, independiente de partidos políticos y sindicatos", agrupa a trabajadores Laborales Temporales y Funcionarios Interinos de las distintas administraciones del País Vasco.
En un documento, recogido por Europa Press, la Plataforma de Interinos de Euskadi recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que los distintos gobiernos nacionales y autonómicos "vienen realizando durante años contratos en fraude de ley al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 4 y 5 de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada".
Según denuncia, "no se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigía, por lo que ha dado lugar a un aumento del número de personal temporal frente a fijo" y "miles de empleados públicos temporales se encuentran en Fraude de Ley".
El objetivo de esta plataforma, integrada en la plataforma de ámbito nacional, es exigir "una solución a la excepcional temporalidad, en fraude de ley por duración excesiva, mediante la vía de un concurso de méritos".
Tras destacar que esta solución, "asimismo excepcional, está contemplada en la propia normativa del Empleado Público", la plataforma exige "el reconocimiento de oficio por la Administración del fraude de ley de la totalidad del personal empleado público, ya sea funcionario interino, laboral temporal o estatutario eventual /temporal que lleva más de 24 meses contratado dentro de un periodo de 30, tal y como ocurre con el personal indefinido no fijo".
En esa línea, demanda "la paralización de las ofertas de empleo público y convocatorias que afectan a estos trabajadores, hasta que se regularice su situación laboral".
Otras de sus peticiones es "la aprobación de una Ley Orgánica de carácter transversal para la aplicación del artículo 61.6 y 61.7 del TREBEP a la totalidad de la plantilla temporal afectada, incluyendo la indefinida no fija, con independencia de su distinta regulación legal, que permita introducir las modificaciones necesarias para habilitar un proceso de regularización mediante un concurso de méritos basado en el cómputo de la antigüedad como único mérito objetivo de valoración, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico".
La Plataforma de Interinos de Euskadi advierte de que "cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas no será admitida".
Desde la plataforma defienden que su reclamación es "legal" porque "se recoge en las normas de la Función Pública", y es "justa" porque "significa resarcir la injusticia que ha supuesto durante años, tener a trabajadores cualificados temporales en fraude de ley, que no han podido consolidar su empleo por falta de convocatorias Públicas".
Asimismo, mantienen que su demanda es "eficiente" porque "permite a la sociedad aprovechar trabajadores con años de experiencia", y es "barata", ya que "no supone gasto presupuestario añadido".
"Se trata de consolidar plazas que ya están cubiertas de forma temporal, como plazas vacantes de más de tres años, y ahorra a la Administración y a las personas, juicios y gastos innecesarios ante posibles denuncias de los trabajadores afectados. No excluye a nadie y podrán participar todos los trabajadores que estén o no en activo", reitera.
