Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/12/2008 15:46
El sindicato de profesiores STE-Ex manifestó hoy su respaldo a la decisión de la consejera de Educación, Eva María Pérez, de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la sentencia de un juzgado de Cáceres que reconoce a dos alumnos el derecho a objetar a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).
En nota de prensa, STE-Ex aclaró hoy que será el Tribunal Supremo el que decida sobre el particular el próximo 26 de enero, en alusión a su posicionamiento sobre las dos sentencias de signo opuesto emitidas en su día por los tribunales superiores de Andalucía y Asturias.
Por tal motivo, el sindicato docente estima que la sentencia emitida por el juzgado cacereño o "cualquier otra" que se dicte en este sentido será "meramente testimonial" y quedará "sólo sólo como un desahogo de los sectores más conservadores y ultracatólicos de la sociedad" española.
Para el sindicato, resulta "especialmente contradictorio" que las "mismas" personas que reclaman la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía, "defiendan" la asignatura de Religión que se fundamenta, a su parecer, en el "adoctrinamiento" y que, por tanto, "debería salir del sistema público educativo".
SUSPENDER A LOS ALUMNOS
Según recuerda STE-Ex en el comunicado, los objetores también se mostraron contrarios a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid por la se obliga a un colegio público a retirar los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes del centro, al considerar que "dichos símbolos vulneran los derechos fundamentales de igualdad y libertad de conciencia reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución".
"Entendemos que el camino de la objeción no es un cauce para rechazar una asignatura cuyo plan de estudios ha sido elaborado, debatido y aprobado siguiendo todos los trámites legales", comentó el sindicato, que añadió que "la discrepancia se debería mostrar contra la legislación vigente, pues solamente cuando ésta cambie podrá desaparecer la asignatura".
Finalmente, afirmó que, "desde el punto de vista pedagógico", la oposición a EpC está "creando un precedente peligroso", pues "desafía" los criterios de evaluación y promoción en los centros de Educación Secundaria. Por este motivo, defendió que los alumnos que se nieguen a recibir la asignatura "deben ser suspendidos y, si procede, no obtener la correspondiente promoción".