Acusa a Feijóo de ser "un vendedor de humo" al introducir el anteproyecto "pocas" modificaciones, "y a peor"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Antón Sánchez ha mostrado este miércoles el rechazo de la formación al anteproyecto de la nueva ley del suelo, al asegurar que "no cambia nada" con respecto al texto de 2002, y las "pocas" modificaciones que introduce son "a peor". Frente a esto, ha propuesto al PP "debatir" un nuevo modelo, que sea contrario al "especulativo" y se asiente sobre "las bases" de la racionalidad, sostenibilidad y participación ciudadana.
En rueda de prensa, Sánchez ha acusado al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de ser "un vendedor de humo" y "un trilero, en el sentido metafórico", puesto que, a su juicio, "detrás del anuncio" que realizó el presidente gallego tras el Consello de la semana pasada, "no hay nada".
En este sentido, el parlamentario de Alternativa ha censurado que el mandatario se centrase en el objetivo de combatir el feísmo, al preguntarse si es este "el gran y único problema" de Galicia en materia urbanística. "¿Qué pasa con el modelo especulativo? ¿Qué pasa con la exclusión del derecho de la gente a una vivienda digna? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la participación ciudadana en la definición del modelo? ¿Qué pasa con las viviendas vacías, con la destrucción del patrimonio cultural y arquitectónico y con los centros de las ciudades que se caen?", ha inquirido Sánchez.
Al respecto, ha considerado que la nueva norma, que este lunes inició la fase de exposición pública, "no afronta" estas cuestiones, sino que "solo" constituye "un anuncio propagandístico" en lo relativo al feísmo y a la terminación de viviendas sin acabar.
SANCIONAR, "POSIBLE" DESDE 2002
Sobre este extremo, ha reprobado que es un aspecto que "ya está en la legislación", y ha afirmado que desde 2002 es "posible" sancionar a aquellos particulares que no finalizan sus construcciones, pero "lo único" que ocurría es que "no se cumplía" la ley.
Sánchez ha afeado que Feijóo "endose toda la responsabilidad" a los ayuntamientos en este asunto, además de "multiplicar las sanciones". "La Xunta se quita un marrón de encima", ha recriminado, después de ver en esta "una decisión egoísta", al "atribuirse el mérito" la Administración autonómica con una "cierta dosis de cinismo". "Una vez más, toma decisiones, pero quien da la cara son los ayuntamientos", ha incidido el diputado.
EL PP QUIERE "ADHESIÓN INQUEBRANTABLE"
En esta línea, sobre el llamamiento al consenso, ha asegurado que "quien no lo quiere es el PP", al achacarle la voluntad de que el resto de formaciones vayan a "una adhesión inquebrantable" y "sin condiciones ni debate". "Sin hablar del drama de los desahucios, sin hablar sobre rehabilitación...", ha lamentado.
Así las cosas, Antón Sánchez ha concluido que, para la norma elaborada por la Xunta, "no era necesario ninguna nueva ley", sino simplemente "empezar a cumplir la que hay".
Y, tras criticar también los últimos "cambiazos" que ha experimentado el documento desde su salida de la Cámara autonómica hasta ir a exposición pública --según ha señalado, "no trascendentes", pero sí "a peor"--, Sánchez ha propuesto al PP "debatir" pero "sobre las bases del derecho a la vivienda, la racionalidad en el uso de recursos y la sostenibilidad".
REHABILITACIÓN Y PARTICIPACIÓN
En contra del modelo actual, que tilda de "especulativo", Sánchez ha apostado por poner como "piedra angular" del sistema la rehabilitación del patrimonio construido, y ha reclamado que se incorporen "mecanismos del siglo XXI" para posibilitar la participación ciudadana "desde la primera etapa de definición del modelo".
Si los populares aceptan "debatir" este tipo de principios, AGE está "dispuesto" a entrar en esa discusión, pero, "si no", no va "a entrar en juegos de vendedores de crece pelo". "No queremos que nos tomen el pelo", ha finalizado Sánchez.
Ya por último, cuestionado en concreto por la nueva figura que plantea la ley, los planes básicos, el parlamentario ha respondido que "no es una solución", ya que son "instrumentos" y no "un fin en sí mismo". "Es burocracia", ha censurado, al entender que el objetivo de la política urbanística debe ser "que se cumpla" la legalidad.
