Las autoridades chinas expulsan a los refugiados políticos sin avisar a la agencia de la ONU
BEIJING, 8 Abr. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Débora Altit) -
China está deportando a refugiados políticos a sus países, en contra de las convenciones internacionales, en una práctica más que se suma a las medidas puestas en marcha por Beijing para garantizar un Juegos Olímpicos "estables".
Según denunció hoy desde su sede central en Ginebra el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en lo que va de año el país asiático ha deportado a un total de 15 refugiados. Entre ellos, se encontraba un adolescente paquistaní de 17 años, a pesar de haber sido reconocido formalmente por la agencia de la ONU como refugiado político.
Los deportados proceden de Irak, Pakistán y Sri Lanka. La mayoría de los refugiados en China son iraquíes y paquistaníes, países de por sí "conflictivos" a ojos de China, que tiene en los musulmanes de la región de Xinjiang (oeste) uno de sus principales focos de preocupación. En el país asiático también hay refugiados africanos, pero no norcoreanos, a quienes se les impide de forma sistemática el acceso a ACNUR.
"Parece que está ocurriendo porque se está haciendo un barrido de seguridad antes de los Juegos Olímpicos. Está bastante claro y lo que está ocurriendo es muy preocupante", señaló la portavoz de ACNUR, Jennifer Pagonis.
China cuenta actualmente con 180 refugiados oficiales, según ACNUR. La cifra resulta muy pequeña y no está relacionada con el número real de personas que cruzan las fronteras chinas en busca de protección y podrían acogerse al estatus de refugiados, sino tan sólo a aquellas que logran llegar hasta la pequeña oficina de ACNUR en Beijing y superan la entrevista.
Muchos de los refugiados llegan a China con visados legales, como de turista. El Ministerio de Seguridad Pública, para justificar las deportaciones, espera al vencimiento de los visados y después los expulsan, si la agencia no logra encontrar antes un país de acogida para ellos.
La situación de ilegalidad se puede mantener durante meses o años, pero la presión sobre los refugiados se ha recrudecido desde el año pasado. En sentido estricto, pues, el Ministerio de Seguridad Pública afirma que se ajusta a la ley china, ya que se trata de ciudadanos "ilegales" en el país. Pero, según la Convención de Refugiados de 1951, que China rubricó en 1982, lo que se está produciendo es una grave violación de los tratados internacionales y los derechos de los refugiados, cuyas vidas peligran si regresan a sus países.
NO SE AVISA A ACNUR
Las deportaciones, además, se están produciendo sin realizar un aviso previo a la oficina de ACNUR, que en ocasiones se ha enterado de los hechos tras ser contactada por los refugiados ya repatriados.
"Cuando la oficina pide explicaciones la Policía les dice que ellos no sabían que se trataba de un refugiado político, algo dudoso porque ellos no se separan de su carta de refugiados. En ocasiones, la Policía ha llegado a ofrecer argumentos como que los refugiados se habían propasado con alguna ciudadana china", comentaron a Europa Press fuentes cercanas a la agencia, que declinaron dar su nombre.
La situación para el resto de refugiados que aún no han sido deportados tampoco es mucho mejor. Los refugiados no pueden trabajar ni estudiar (si bien, recientemente, ACNUR logró llegar a un acuerdo con una escuela privada para impartir clases a 23 niños), y son vigilados día y noche por grupos de policías, por lo que la mayoría no se atreve a salir de sus casas salvo para hacer alguna compra por las noches.
La presión psicológica y las coacciones que sufren son generalizadas, y el temor a que se produzcan represalias al resto de la comunidad impide hablar abiertamente a los refugiados.
El miedo a ser expulsados de regreso a sus países ha creado, según señaló Pagonis hoy, "una ansiedad considerable entre los refugiados de Beijing, que nos han dicho que se sienten muy intimidados".
ACNUR se encuentra ante una posición delicada, ya que no puede ayudar a los refugiados pero también está obligada a trabajar conjuntamente con el país en el que se encuentra. La estrategia de abandonar un país en el que no se le permite operar suele conllevar "represalias" de estas naciones, con las que después resulta muy complicado volver a trabajar.
Según señala, de forma conciliatoria, la agencia de la ONU, "desde la perspectiva de la seguridad, ACNUR entiende que durante el periodo de preparación de las Olimpiadas de 2008 es necesario un periodo de particular vigilancia". "Estamos dispuestos a discutir arreglos aceptables que sean sensibles con estas preocupaciones, pero que respeten las condiciones necesarias de protección a las personas necesitadas", indico la portavoz de la agencia.
