Defensor del Pueblo no ve "mecanismos de enganche" para recurrir al TC los modelos de gestión sanitaria de Madrid

Actualizado 07/11/2008 15:19:55 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, no ve "mecanismos de enganche" para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los modelos de gestión sanitaria puestos en marcha por la Comunidad de Madrid en los hospitales de la región, aunque deja la puerta abierta a un recurso por la vía contencioso-administrativa.

Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, y la portavoz de la coalición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, quienes solicitaron ante la institución que promueva un recurso de inconstitucionalidad por la "posible incompatibilidad entre la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid y la obligación de mantener la Sanidad como servicio público".

"Dado que no es posible técnicamente interponer el recursos de inconstitucionalidad solicitado, esta institución seguirá profundizando en la búsqueda de posibles vías de actuación, en orden a intentar dar respuesta a la creciente percepción de los ciudadanos (...) acerca del posible deterioro de la Sanidad pública, como consecuencia de la proliferación de nuevas formas de gestión de corte privado o empresarial", subraya Múgica, quien mantiene que el problema podrá debatirse por la vía contencioso-administrativa.

"Será en sede contencioso-administrativa donde pueda debatirse y resolverse el problema relativo a si una forma concreta de persona jurídica está 'capacitada por las vías legales' para intervenir en la gestión de un servicio público como es el Sistema Nacional de Salud, pudiendo el tribunal que conozca el correspondiente recurso contencioso-administrativo plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC", argumenta.

Llamazares, que dijo sentirse "parcialmente satisfecho" tras conocer la resolución, consideró que la respuesta del Defensor del Pueblo es "muy crítica" con la Sanidad madrileña y con los nuevos modelos de gestión, especialmente porque pormenoriza cuáles son los "riesgos" que tienen para garantizar la universalidad, el carácter público y la equidad de la Sanidad.

El diputado de IU manifestó que "habiendo materia, no hay norma que pueda ser objeto de recursos de inconstitucionalidad" porque la norma en la que se apoya la Comunidad de Madrid data del año 1997, por lo que "no puede ser recurrida en el tiempo". No obstante, avanzó que IU "explorará la vía directa" para llevar a los tribunales los modelos sanitarios de la región.

A su juicio, las conclusiones del Defensor del Pueblo son "un varapalo para el modelo de gestión privada de la Comunidad de Madrid, además de un aviso para navegantes" porque alerta de que ha estudiado dos casos, entre ellos Pontones, en los que la institución "va a ir hasta sus últimas consecuencias ante la posible vulneración de derechos constitucionales" por parte del Gobierno regional.

LEY 15/97

La resolución del Defensor del Pueblo recuerda que la Ley 15/1997 explica que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, "garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria y sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho".

Además, subraya que la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios "podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios, contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la Ley general de Sanidad".

A este respecto, mantiene que, a tenor de este artículo, la Ley "no contempla ninguna forma jurídica concreta de gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios" y establece, además, la posibilidad de que la gestión y administración de los centros "pueda llevarse a cabo a través de cualquier entidad de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, remitiendo a la vía reglamentaria la concreción de las formas jurídicas de las entidades que se creen para realizar dicha gestión".

"INQUIETUD" POR LA SANIDAD

En su dictamen, el Defensor del Pueblo muestra su "inquietud" respecto a determinadas iniciativas en materia de organización y gestión de centros y servicios sanitarios e insiste en la necesidad de mantener los principios de gratuidad, universalidad, financiación pública y equidad.

En este sentido, recordó el análisis que practicó de las quejas de los trabajadores del Centro de Especialidades de Pontones e indicó que recientemente ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la remisión del "concierto singular de vinculación de carácter marco" suscrito entre el Servicios Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz.

Finalmente, hace referencia a las quejas de IU respecto a Pontones y al Hospital Puerta de Hierro y sobre ello recalca que se ha dirigido a las administraciones competentes para obtener una información "más completa" sobre los problemas que han motivados las protestas.

INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN SANITARIA

Tras analizar la respuesta de Múgica, Sabanés indicó que toda la información que se recopile sobre la situación sanitaria en la región irá a parar a la Comisión de estudio parlamentaria pactada entre la presidenta Esperanza Aguirre y el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y que ayer quedó aprobada en la Cámara regional.

Entre los informes que llevará a la Comisión, Sabanés mencionó el convenio entre el Sermas y la Jiménez Díaz, la entrada en Pontones de la empresa Capio, el análisis "detallado" de las normas, convenios, acuerdos y "firmas ocultas" que permiten avanzar en la privatización sanitaria, así como la evolución de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, la falta de profesionales, médicos, pediatras y personal o la modificación de las áreas sanitarias.

En la misma línea, Llamazares adelantó que tiene previsto pedir al Gobierno central un estudio sobre los distintos modelos de gestión sanitarios y que, dentro del Pacto por la Sanidad, solicitará que se aclaren las consecuencias que esto tiene para la salud.

"Tengo la convicción de que el sistema no sólo es más caro, que lo es, sino que también es menos equitativo y más discriminatorio. Puede haber más número de camas, pero menos recursos", aseveró, al tiempo que reseñó que el Ejecutivo central "no puede mirar para otro lado" y que debe cumplir con su cometido de inspección para que los modelos de gestión cumplan la Ley y "no incumplan la igualdad".

A su juicio, la Sanidad madrileña "es un chollo para unos pocos" que tiene "beneficios para las empresas", mientras que son los ciudadanos quienes asumen los "riesgos" de un sistema que "pierde calidad y gana hostelería".

Llamazares también desveló que se reúne "de vez en cuando" con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, para tratar temas de su competencia y confesó que en una de esas citas han abordado la situación de la Comunidad de Madrid. "Compartimos la inquietud de los ciudadanos madrileños y la preocupación por el sistema sanitario y sus garantías", aseguró.

También manifestó que en estas reuniones ha percibido una actitud crítica respecto a la generalización del modelo de gestión privado pero no ha visto "de forma clara" los métodos del Ministerio para "frenar la privatización". Por ello, exigió al Gobierno que "ejerza presión" y no se quede sólo en las críticas.

Llamazares destacó que el Ministerio de Sanidad atribuye al reparto de competencias las dificultades para intervenir en asuntos de esta índole y, ante ello, recalcó que "cuando las competencias niegan principios fundamentales de la Constitución y de la Ley General de Sanidad, el Gobierno debe intervenir".

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