La Comunidad estudia con sus servicios jurídicos el encierro de familiares y trabajadores del Magerit

 

La Comunidad estudia con sus servicios jurídicos el encierro de familiares y trabajadores del Magerit

La consejera en su visita a Alcobendas
EP
Actualizado 11/03/2011 13:29:35 CET

Gobierno regional tomará la decisión de reabrir o no los centros ocupacionales cerrados "en aras" a lo que determinen los estudios técnicos

ALCOBENDAS, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha anunciado este viernes que el Gobierno regional está estudiando con sus servicios jurídicos el encierro de los trabajadores y familiares del centro ocupacional Magerit y ha añadido que la permanencia en el centro, donde "no es garantiza la seguridad", es "su responsabilidad".

"Los usuarios ya no están allí y los trabajadores que siguen encerrados estamos viendo la posibilidad de, con un notario, dar fe de que conocen la orden de desalojo y que saben que no se garantiza la seguridad", ha señalado Hidalgo en relación al encierro desempleados y familiares de este centro de discapacitados que ha cerrado sus puertas con un preaviso de 48 horas.

La consejera, preguntada por la continuidad de éste y los otros dos centros que han sido desalojados, han respondido que "a partir de ahora, con los informes del desalojo, hay que estudiar la situación con arquitectos y tomar las decisiones pertinentes en aras a lo que haya encima de la mesa y garantizando siempre la atención", pero no ha garantizado explícitamente su reapertura.

Además, ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha actuado "con rapidez y eficacia" después de detectar en los centros "un problema de estructuras" que llevaba a que "la seguridad no se pudiera certificar al cien por cien".

"Hemos montado una operativa para reubicar a las personas minimizando las molestias. Se ha hecho con todas las garantías, en unidades medicalizadas y con eficacia, pero seguiremos y trabajando en ello", ha manifestado Hidalgo, que ha remarcado la "absoluta transparencia con la que ha actuado el gobierno regional".

"No entiendo dónde está polémica: lo que tiene que primar sobre todo es la seguridad. El servicio se prestará en las mismas condiciones, los puestos de trabajo están garantizados y a las familias les hemos transmitido que se mantendrá la misma calidad", ha añadido, al tiempo que ha advertido que a partir de ahora "sacar de contexto" esta situación "es intentar sacar un rédito político" y algo que a su "se escapa de lo racional".

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