MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ha destacado este viernes que el Código Penal fija que en casos de delitos contra la libertad sexual denuncia la persona agraviada o el representante legal.
Así lo ha señalado en relación al caso de los presuntos abusos atribuidos a un profesor del colegio Valdeluz Agustinos, después de conocer que una de las denunciantes recibió apoyo psicológico en el Centro Integral de Atención Psicológica, que depende de la Consejería de Asuntos Sociales.
Al ser preguntado por esta cuestión, el fiscal ha mencionado el artículo 191 del Código Penal que establece que "para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa una denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o una querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia".
El citado precepto penal establece para el caso de menores de edad que "cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".
De este modo, ha señalado que la Comunidad de Madrid no tiene la guarda y custodia de ninguna de las alumnas denunciantes de haber sufrido presuntos abusos en el colegio Valdeluz, por lo que "son los padres los que tienen que denunciar al ser delitos semipúblicos que solo son perseguibles con denuncia" y no de oficio.
Si una de las chicas acudió al Centro Integral de Atención Psicológica, según Moix, éste debía ofrecer ayuda psicológica y orientación jurídica. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, este centro "siempre aconseja" a los padres o tutores legales que denuncien en este tipo de casos.
"La denuncia implica un proceso penal en el que las víctimas tienen que recordar. Al ser un atentado a un bien tan personal como es la libertad sexual, se deja en manos de las víctimas y de sus padres el decidir si quieren pasar por el proceso judicial", ha concluido el fiscal superior madrileño.
