MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CC.OO. ha denunciado que el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, ha propuesto establecer una resolución de calendario laboral en la que los secretarios judiciales no tengan que cumplir el horario que el Gobierno ha establecido para todos los empleados públicos de la Administración.
Mientras al personal de la Administración se le controlará el cumplimiento de 37,5 horas semanales, el sindicato advierte de que el Ministerio de Justicia ha excluido a los secretarios judiciales y ha reducido "esta exigencia a realizar 25 horas semanales", lo que, según la resolución, afectará a las horas de atención al público y a los profesionales.
La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CCOO, Flora Martínez, ha mostrado en declaraciones a Europa Press su "sorpresa" ante esta resolución y ha explicado que el departamento ministerial "ha excusado" la falta de control en que los fedatarios públicos "trabajan en casa, como si fueran jueces". "Pero no son jueces, no dictan sentencias ni nada que se les asemeje", ha añadido.
En este sentido, ha advertido de que los secretarios judiciales cobran un concepto por productividad y ha reclamado que estén en condiciones de igualdad respecto al resto de funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia.
CLASISMO ESCANDALOSO
La plataforma sindical ha advertido en un comunicado que la decisión de Ruiz-Gallardón es de "una prueba más del clasismo escandaloso que se practica desde el Gobierno contra los trabajadores, perpetuándose el sistema de privilegios y de castas absolutamente lamentable e intolerable".
CCOO ha avisado de que no aceptará "de ninguna manera" que la decisión de reducir 25 horas semanales el control del horario de los secretarios judiciales se mantenga. Por ello, adoptará todas las medidas de acción sindical que sean necesarias para impedir una decisión tan "injusta" y "clasista".
"En la situación que estamos viviendo en nuestro país, donde se recortan inadmisiblemente derechos sociales básicos e indispensables a todos los ciudadanos, mientras el Gobierno es incapaz de exigir responsabilidades a los máximos representantes del poder financiero que han llevado a España a la grave situación económica que atraviesa, llegan estas ocurrencias inadmisibles en un Estado europeo y democrático en pleno siglo XXI", ha concluido.
