MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha ratificado el decreto ley de modificación del régimen de administración de la Corporación de RTVE, que da vía libre al PP para designar al presidente de la Corporación pública sin una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara Baja.
Este decreto ley, que ha salido adelante con 193 votos a favor de PP y CiU --que ya lo habían anunciado durante el debate--, y de UPN y Foro de Asturias, frente a los 122 votos en contra del resto de grupos parlamentarios, fue aprobado el 20 de abril por el Consejo de Ministros y permite elegir al presidente de la Corporación y renovar a los miembros del Consejo por mayoría absoluta.
Según los cálculos del propio Ejecutivo en la memoria económica que acompaña a dicho decreto, este medida prevé un ahorro para las arcas del Estado de 1,25 millones de euros anuales.
A partir de ahora, los presidentes del Congreso y del Senado podrán abrir un plazo para que los grupos parlamentarios propongan nombres para los cinco consejeros que quedan vacantes en el Consejo de Administración de RTVE y lo comuniquen a las respectivas Mesas.
De hecho, están pendientes de renovación, además del presidente, otros cuatro consejeros. Todos los nombres, cuya distribución entre grupos tendrá que ser negociada, pasarán por la Comisión de Nombramientos del Parlamento, que determinará su idoneidad.
De recibir el visto bueno, serán sometidos a votación en el Pleno del Congreso. En una primera ronda, se buscará aprobar los nombres por mayoría de dos tercios. En caso de no conseguirse, 24 horas después se podrá celebrar una nueva votación, en la que la aprobación se conseguiría con mayoría absoluta, por lo que el PP podrá sacar adelante sus propuestas en solitario.
Hasta la aprobación de esta medida, según la normativa de 2006 de RTVE, la elección del presidente de la Corporación era consensuada por una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara Baja, es decir, de un acuerdo entre el PP y el PSOE.
NUEVAS MEDIDAS
Este decreto aprueba la disminución de tres miembros del Consejo de Administración, que pasa de 12 a nueve miembros, una medida que supone un ahorro de 342.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta que la retribución anual bruta de los miembros del Consejo para el año 2012 asciende a 114.000 euros.
"Con este decreto se garantiza la independencia de la entidad y que la elección siga siendo parlamentaria, basada como desea el Gobierno, en el consenso y el acuerdo. Por tanto, el Gobierno quiere seguir buscando ese consenso en la elección del presidente de RTVE. Queremos una televisión pública de calidad, que cumpla su servicio público y una gestión eficiente y profesional", ha defendido el ministro del ramo en el Congreso, José Manuel Soria.
Así, ha insistido en varias ocasiones en que la voluntad del Gobierno es consensuar la elección del presidente de la Corporación, y ha reiterado que el objeto del decreto es "desbloquear" la renovación de RTVE, dado que la actual situación de presidente rotatorio impide tomar decisiones ejecutivas, como la aprobación de las cuentas anuales de la Corporación.
Igualmente, ha añadido que la situación está paralizada desde julio de 2011, mes en el que Alberto Oliart renunció a presidir la Pública, tiempo en el que varios miembros del Consejo y de la Televisión presentaron su dimisión, a la vez que ha caducado el mandato de otros.
A partir de este decreto, Soria ha comentado que las radios tendrán derecho a entrar de forma libre en los estadios deportivos, medida que a su juicio responde "al derecho de la información". Con ello, se modifica la Ley de Comunicación Audiovisual, si bien las radios tendrán que abonar los gastos de entrada y de uso de instalaciones, en acuerdo con los clubes de fútbol.
APOYO PARLAMENTARIO
Aunque la portavoz de CiU en la materia, Monsterrat Surroca, ha discrepado con que el PP apueste por desbloquear el Ente por decreto, comparte el fondo de la propuesta, al ir en la línea de las enmiendas que los nacionalistas catalanes presentaron en la tramitación de la Ley de RTVE, así como en la reforma impulsada por el Gobierno catalán en el ámbito audiovisual, "donde se buscó el máximo consenso".
"Consideramos inadmisible el bloqueo institucional al que se ha visto sometida RTVE por la incapacidad de los partidos mayoritarios. Actualmente se encuentra paralizada e inmersa en una situación de incertidumbre", ha defendido Surroca.
Mientras, el portavoz 'popular' en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, Ramón Moreno, ha criticado a aquellos que dicen que la decisión de nombrar un presidente para el Ente "no es urgente", ante la imposibilidad de aprobar las cuentas anuales de la pública, por ejemplo. Con ello, ha asegurado que se trata de "circunstancias extraordinarias y sobrevenidas" las que justifican la urgencia del Gobierno.
EL GOBIERNO "PIRÓMANO"
Su homólogo socialista, Juan Luis Gordo, ha mantenido por su parte un 'rifirrafe' con el ministro, al que le ha tachado de "pirómano" por querer "incendiar" a la Corporación con este decreto, al mismo tiempo que le ha avisado de que negociar un 'jefe' para la Pública "no es imponer" un nombre.
De hecho, el socialista ha insistido en que el único objetivo que mantiene el PP con esta medida es una "televisión pública de partido" como la que ya se está emprendiendo en comunidades gobernadas por los 'populares', como es el caso de Valencia y Canal Nou, o la Comunidad de Madrid y Telemadrid.
Ante esta 'lucha' entre 'populares' y socialistas, la portavoz de UPyD en la materia, Irene Lozano, ha advertido a ambos partidos de que se acusan mutuamente de la falta de pluralidad de la televisión pública cuando realmente: "Los dos son culpables", ha subrayado.
A su juicio, resulta "ridículo" que ambos partidos discutan públicamente sobre a quién deben pertenecer las televisiones sin caer en la cuenta de que a quien realmente pertenecen es a los ciudadanos. Por ello, ha avanzado que votará en contra de este decreto ley que resta pluralidad a la Corporación.
Desde el PNV, Pedro Azpiazu no quiere dar vía libre a este decreto que, según ha alertado, obligará a la Radio y la Televisión Públicas a trabajar al dictado del partido político que se encuentre al mando del Ejecutivo. Eso sí, se ha mostrado favorable a la reducción del número de miembros del Consejo de Administración y con el cese de una retribución fija para todos ellos.
Mientras, el portavoz de IU en la materia, Ricardo Sixto ha advertido de que este decreto del Gobierno merece un recurso ante el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que ha denunciado que el "verdadero objetivo" del Ejecutivo es "tomar el control directo" de la dirección de la radio y televisión públicas. "El pretendido ahorro no es más que una mala excusa aprovechando el nefasto momento económico que vivimos", ha apostillado.
Además, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha dicho que este decreto va a suponer el "control partidario" de RTVE, mientras que, en su opinión, el modelo actual hasta ahora vigente "caminaba hacia la independencia profesional", teniendo como referencia otras cadenas europeas.
Desde ERC, Alfred Bosch, ha tachado el debate y la negociación de RTVE entre PP y PSOE de un partido de tenis de mesa, a la vez que ha calificado al decreto que va a aprobarse en la Cámara Baja de "imperial de la antigua Roma", que bajo este nombre es un "golpe de mano a la libre información".
Precisamente, a primera hora de este jueves y a la puerta del Congreso de los Diputados, un grupo de delegados de CC.OO. de RTVE, vestidos con camisetas naranjas, han portado una pancarta en defensa de un futuro independiente para la Corporación, con motivo del debate de este decreto en la Cámara Baja.
