MADRID/BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS)
Los nueve detenidos en la 'operación Pretoria', desarrollada entre el martes y el miércoles para desarticular una presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), han llegado esposados a las 7.30 horas a la Audiencia Nacional, donde están declarando ante el juez Baltasar Garzón.
Los arrestados han sido trasladados en dos furgones policiales desde la cárcel madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional, donde los agentes han entregado a cada uno de ellos sus pertenencias en bolsas de basura azul marino. En estos momentos, esperan en los calabozos de la Audiencia hasta que sean interrogados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Comparecerán el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol (CiU): el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta.
También comparecerán ante el juez el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de esta Alcaldía, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García Sáez, y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.
ADJUDICACIONES IRREGULARES
La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.
La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.
Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.
En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' de la trama y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.