SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha exigido a la Junta que aclare si existe un informe de sus servicios jurídicos que pone en duda la legalidad de la reordenación del sector público puesta en marcha por el Gobierno andaluz y cuya normativa fue aprobada recientemente en el Parlamento con el único apoyo del PSOE-A, el rechazo del PP-A y la abstención de IULV-CA.
Durante su intervención ante los medios tras reunirse con los responsables de Empleo del PP en las ciudades andaluzas de más de 20.000 habitantes, Sanz ha hecho referencia a la información que publica este lunes el periódico 'El Mundo', que apunta que el documento elaborado por los servicios jurídicos de la Junta apela a la Constitución y a su "preferencia por el régimen funcionarial en las administraciones".
En esta línea, Sanz ha considerado que esta información estaría dando la razón a su formación de que se estaban atribuyendo potestades públicas a personas ajenas a la función pública, en el sentido de que "competencias que están atribuidas en exclusiva a funcionarios públicos están siendo desarrolladas por personas ajenas contratadas como personal de confianza, consultores, autónomos o eventuales".
En su opinión, dicho informe "tumbaría radicalmente" una normativa a la que el PP se ha comprometido a llevar al Tribunal Constitucional (TC), al igual que ya hizo con el primer decreto aprobado por el Gobierno andaluz en relación a esta materia. Como se recodará, el segundo decreto fue tramitado en la Cámara como proyecto de Ley.
El dirigente 'popular' ha asegurado que éste es un asunto que no sólo denuncia el PP-A sino que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo ha puesto "en evidencia", a través de distintas sentencias que ponen en cuestión el "abuso" de las encomiendas de gestión sobre competencias que les corresponderían a las consejerías.
Asimismo, Sanz ha considerado "urgente" en Andalucía limitar las encomiendas de gestión a lo mínimo necesario para devolver la confianza a los funcionarios públicos y hacer que sean las consejerías correspondientes las que desarrollen las competencias atribuidas como potestades públicas. Por ello, ha anunciado que dicha petición será trasladada al Parlamento.
