El PSOE reitera su "absoluto" rechazo a una ley de tasas judiciales que conduce a "una justicia de ricos y de pobres"

Soraya Rodríguez y Antonio Camacho con el presidente de los abogados españoles
GRUPO SOCIALISTA
Actualizado: lunes, 19 noviembre 2012 18:46

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reiterado su "absoluto" rechazo a la ley de tasas judiciales, que este lunes ha entrado en vigor, por tratarse de una norma que conduce a un "doble rasero" en la justicia, "a una justicia de ricos y otra de pobres".

Así lo ha vuelto a poner de manifiesto la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, con ocasión de la reunión que ha mantenido en su despacho con el presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer.

Carnicer ha aprovechado dicho encuentro para pedir al primer partido de la oposición que plantee un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, si bien la dirección del grupo aún no ha tomado una decisión al respecto, según han precisaron a Europa Press fuentes socialistas.

HACIA UNA JUSTICIA PRIVADA

Eso sí, Rodríguez y el ponente socialista en la Comisión de Justicia que analizó esta norma, Antonio Camacho, han mostrado su disconformidad con una ley que pretende avanzar hacia una justicia "privada" que provocará que "muchos" ciudadanos no puedan plantearse acceder a la defensa de sus derechos, y en la que todos los operadores jurídicos --con los que el PSOE ha contactado durante su tramitación-- coinciden en que se conducirá "a una justicia de ricos y otra de pobres".

Y es que, dicho proyecto, al que los socialistas y el resto de grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad, pretende hacer recaer sobre los ciudadanos la responsabilidad de la situación de la Justicia "por la vía del incremento de los costes de los procedimientos".

Además, los dirigentes socialistas han vuelto a censurar "la absoluta velocidad de vértigo" que el PP dio a su tramitación parlamentario lo que, según han recordado, conllevó el plante de toda la oposición durante su votación en la correspondiente Comisión parlamentaria de Justicia.